Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del TRF-4 de Porto Alegre, corte que condenó este año a Lula en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.
A pesar de la decisión de Gebran Neto, Favreto insistió y ordenó en su último auto que Lula fuera puesto en libertad inmediatamente, pero la Policía Federal no actuó debido a la contradicción entre los autos de ambos jueces.
El presidente del TRF, no obstante, señaló que la decisión sobre la libertad de Lula es competencia del instructor de la Lava Jato y no del juez de guardia.
De esa forma, Thompson Flores puso fin, al menos de forma temporal, a un conflicto jurídico sobre la libertad del expresidente brasileño, quien deberá permanecer en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde está arrestado desde hace tres meses.
Favreto, juez que estaba de turno en el TRF-4, sorprendió hoy al conceder a Lula un habeas corpus y citó la precandidatura del expresidente a las elecciones presidenciales de octubre como un hecho “nuevo” que debe ser tomado en consideración para su libertad.
El PT ha mantenido la candidatura de Lula a pesar de su arresto, pero según la ley electoral, se encuentra virtualmente inhabilitado después de la condena en segunda instancia.
Ante la expectativa de que fuera liberado, decenas de simpatizantes se reunieron hoy a las puertas de la Policía Federal de Curitiba para transmitir su apoyo al líder más popular de la izquierda brasileña.
Lula se encuentra detenido desde el pasado mes de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, tras ser condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión.
El exmandatario fue sentenciado previamente en julio del año pasado por el juez de primera instancia Sergio Moro, encargado en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Moro dio por comprobado que el expresidente se benefició de un apartamento en la playa a cambio de favorecer a la constructora OAS en la adjudicación de contratos públicos de la petrolera estatal Petrobras.
La condena fue ampliada hasta los 12 años y 1 mes por un tribunal de apelación.
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