Justicia

Cicig perseguirá a mafia organizada

La incursión del crimen organizado en las aduanas y en el financiamiento de las campañas de los partidos políticos son los dos grandes desafíos a investigar y con los que se estrenará Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Por HUGO ALVARADO

Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Diferentes sectores de la sociedad civil, que se han reunido con el jefe de la Cicig, coinciden en su preocupación que hay por la forma en que se financian y reciben dinero los partidos políticos para promover a candidatos en campañas electorales.

El comisionado indicó que se abordaría desde el punto de vista del crimen organizado, que podría proporcionar dinero a las organizaciones políticas.

Existen insinuaciones, afirmaciones de sospechas de determinadas relaciones de diputados, alcaldes y otros políticos que podrían tener nexos con grupos paralelos que existen en el país.

“Hay muchos temas que se han mencionado en relación a esto, que se alude de forma permanente. Cíclicamente es conveniente investigar”, expresó Velásquez Gómez.

Aclaró que ambos casos de investigación no fueron impuestos por ningún sector del país, sino que fueron recogidos de las distintas reuniones que ha sostenido.

Examinarán datos

Se indicó que se va a examinar la información que han proporcionado sobre todo de la sociedad civil, y desde ahí establecer líneas de investigación y desarrollar las pesquisas en un campo concreto.

“La Cicig no es una fuerza extranjera que imponga sus criterios, es el propio país y sus autoridades los que tienen que definir el futuro y trabajar sobre ello. Nosotros contribuimos, pero no es que se plantee que somos los salvadores o el mesías”, añadió Velásquez Gómez.

red de contrabando

El caso de contrabando que podría existir en las aduanas también será el otro foco de investigación por parte de la Cicig.

En lo que respecta a este flagelo, la primera etapa de la investigación consistirá en determinar qué hay hasta el momento, qué se ha averiguado por parte de las distintas instituciones públicas, sobre todo lo que tenga elaborado el Ministerio Público (MP).

Por lo anterior, la primera medida consistirá en evaluar el estado de conocimiento que se tiene sobre el contrabando de los grupos que operan en las aduanas del país.

Al tener información en lo que respecta a las aduanas, se impulsará un método de investigación para dar con los grupos paralelos que se apoderaron de esas instituciones públicas, aseguró el comisionado.

Recientemente, el Gobierno desistió de intervenir la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y optó por una “intervención operativa”, consistente en el envío de 400 policías y 650 militares a cinco aduanas, más el anuncio de equipar y llevar tecnología a la del Aeropuerto Internacional La Aurora.

El Ejecutivo buscaba la figura legal de la intervención, tal como lo reconoció el presidente Otto Pérez Molina, y las fuerzas armadas incursionaron en las aduanas de Puerto Quetzal, Escuintla; Santo Tomás de Castilla, Izabal; Aduana Central, Guatemala; Pedro de Alvarado, Jutiapa, y Tecún Umán, San Marcos.

La Gobierno buscaba intervenir las aduanas, bajo el argumento de reducir la corrupción y agilizar los procesos.

Desde octubre último se adoptó la intervención operativa, la cual busca en tres meses ver resultados en las aduanas, como menos corrupción, más recaudación, más controles por ingreso de armas, narcotráfico y precursores, y más eficiencia.

La penetración del crimen organizado en la política y el contrabando son investigaciones que derivan de grandes problemas que azotan al país.

Las nuevas líneas de investigación no precisan de una denuncia, sino que han sido planteadas por diversas sectores que se han reunido con el jefe de la Cicig.

Más casos

Velásquez Gómez sostuvo que durante su mandato continuará con la formulación de seguir con la investigación de nuevos casos, pese a que el presidente Pérez Molina mencionó meses atrás que el nuevo comisionado venía a cerrar el trabajo de la institución extranjera.

El jefe de la Cicig señaló que la ampliación del convenio sigue de la misma forma que se firmó la primera vez, y que no hay variaciones.

“No ha habido modificaciones, por lo tanto es seguir cumpliendo el mandato. Vamos a seguir investigando procesos en las que la Cicig pueda ayudar al MP”, puntualizó Velásquez Gómez.

El período de la Cicig concluye en el 2015, y será el Gobierno y las Naciones Unidas los que tomen la decisión final si se cierra el trabajo.

Indicó que durante ese tiempo se debe continuar con la transferencia de capacidades al ente investigador como a la Policía Nacional Civil.

“Creo que la mejor forma de transferir esas capacidades es la investigación de campo”, explicó el comisionado.

Agregó que si la capacidad de la Cicig es investigar con fines de persecución penal, si eso lo distingue y es la fortaleza en ese sentido, se debe transferir el conocimiento; es decir, investigando.

Para hoy se tiene programado que Suecia entregue Q75 millones para continuar apoyando el trabajo de la Comisión hasta el 2015.

El jefe de la Cicig refirió que el aporte económico del país europeo representa la ratificación de la confianza en el ente, así como la posibilidad de seguir con las investigaciones, examinando la realidad del país y buscando eliminar los grupos paralelos que operan en el país.

Dirigentes avalan propuesta de Comisión

“No dará tiempo”

La secretaria general del Partido Patriota (PP), Roxana Baldetti, opinó que al comisionado de la Cicig solo le dará tiempo en dos años para transferir las capacidades de esa entidad a las instituciones del país.

“No es malo que lo haga, pero si se pone a abrir nuevos casos, no le daría tiempo”, comentó Baldetti.

La dirigente del PP agregó que estos dos años eran suficientes para que un nuevo comisionado traslade su experiencia a las instituciones.

“Vemos bueno”

Según el precandidato presidencial de Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, es positiva esa investigación.

“Nosotros no tenemos ningún problema, lo vemos bueno, fuimos el único partido que publicó a sus financistas”, resaltó el político, al contestar vía telefónica desde Pekín, China.

Si se amplía el mandato de la Cicig, Baldizón señaló que es importante una evaluación profunda para valorar sus ventajas, logros y desaciertos.

“Lo creo correcto”

La aspirante presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, está de acuerdo con ampliar las pesquisas a la política.

“Me parece correcto, sano y atinado hacerlo. Es necesario que se investigue de dónde están saliendo los fondos de los partidos que están tapizando con vallas y fotografías el país”, indicó.

La precandidata agregó: “La Cicig es necesaria para erradicar la impunidad; siempre he apoyado a la Comisión Internacional”.

“Es algo necesario”

Se debe fiscalizar a las organizaciones políticas, afirmó Roberto Alejos, precandidato presidencial del partido Todos.

“Lo veo necesario, ya que la transparencia fortalece la democracia. De cualquier forma los partidos son de derecho público y pueden ser investigados. Yo soy una persona que ha promovido leyes en favor de la transparencia”, señaló Alejos.

“El mandato de la Cicig debe ser renovado las veces que sea necesario”, aseguró el político.

“Tiempo prudente”

El precandidato presidencial de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Roberto González, señaló que la Cicig debe investigar el origen del financiamiento en todos los partidos.

Sin embargo, cree que el mandato de la Cicig ha sido suficiente desde el 2007.

“Ya es prudente que los guatemaltecos adoptemos con la propia soberanía, pero creo que ha sido positivo”, dijo González.

Perfil del comisionado

Iván Velásquez Gómez, colombiano nombrado jefe de la Cicig.

Fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de su país.

En 1992 fue nombrado procurador regional de Antioquia, época en que el narcotraficante Pablo Escobar se fugó de la cárcel.

Como fiscal investigó los lujos que el capo Pablo Escobar tenía en la cárcel La Catedral.

Llevó a prisión a 50 diputados que tenían nexos con grupos paramilitares, entre ellos familiares del expresidente Álvaro Uribe. La investigación empezó en el 2006.