Guatemala

Revelan más de 50 robos de inmuebles

Durante la audiencia de primera declaración de 20 personas detenidas el jueves último, entre ellas ocho abogados que supuestamente integraban la banda sindicada de robo de bienes inmuebles denominada los Topacio, liderada por Mynor Giovani Álvarez Jacobo —en prisión—, el Ministerio Público (MP) reveló que adicionalmente se investiga el despojo de entre 40 y 50 propiedades más.

Catorce integrantes   de la red los Topacio, durante la audiencia de primera declaración, en la carceleta del Juzgado de Mayor Riesgo A.

Catorce integrantes de la red los Topacio, durante la audiencia de primera declaración, en la carceleta del Juzgado de Mayor Riesgo A.

El ente investigador indicó que con estas capturas se golpea al 40 por ciento de esta estructura, que se calcula que empezó a operar en 1990 y generó millonarias ganancias a sus integrantes.

El MP le atribuye a la banda al menos 18 casos de robo de propiedades, en donde falsificaron cédulas de vecindad, firmas de los propietarios y de notarios fallecidos, así como hojas de protocolo y testimonios.

Se reveló que hay dos tipos de víctimas: a quienes despojaban de sus propiedades y a quienes les vendían el inmueble robado.

La Fiscalía señaló que están en proceso de investigación entre 40 y 50 casos de robo de propiedades, lo cual constituye una pequeña prueba de la cantidad de denuncias relacionadas con despojos.

Larga acusación

La primera acusación fue contra Álvarez Jacobo, considerado el líder de esta organización criminal, cuya diligencia duró aproximadamente cuatro horas.

En la sala de audiencias número 5 se encontraban 15 hombres y nueve mujeres señalados por el MP de integrar la red denominada los Topacio.

Además, como parte del público había una mayor cantidad de abogados.

En la imputación el ente investigador detalló al menos seis casos en que Álvarez Jacobo participó directamente, de 18 que dirigió.

Uno de estos es el del inmueble ubicado en la 3a. calle 12-70, barrio Nuevo, zona 2, propiedad de Luisa Fernanda Muñoz Ramírez de De León.

Ahí el líder de la banda los Topacio realizó las acciones ilícitas junto a Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla —abogado de Roberto Barreda, principal sospechoso de la desaparición de Cristina Siekavizza—; Óscar Raúl Alesio, Ligia Alvarado Batres, Érick Roberto Ibáñez Gálvez, Édgar Arturo Méndez García y el notario Roger Mauricio González y González, Oswaldo Azurdia Martínez, Carmen Ortiz Quevedo, Ana Leticia Cordón Loyola viuda de Sandoval —en prisión—, Juan de la Cruz López Pérez y Rosario Floridalma Mijangos García.

Para concretar el despojo presentaron en el Registro General de la Propiedad documentos falsificados y solicitaron la cancelación de un gravamen hipotecario el 10 de septiembre del 2004. La solicitud fue presentada por la notaria Lorena González Camey.

Después, Álvarez Jacobo instruyó al notario Lázaro Padilla para que, a través de un acta de legalización de firmas, presentara a la institución mencionada una solicitud de desmovilización de la propiedad, por medio del acta con fecha 9 de junio del 2008.

En ese documento se incluyeron declaraciones falsas, debido a que en la investigación se determinó que tanto la huella como la firma no eran de Muñoz Ramírez de De León.

Mientras tanto, la notaria Ligia Anabella Alvarado Batres, con fecha 11 de junio del 2008, autorizó una supuesta compraventa entre la propietaria y el presunto integrante de la red Érick Roberto Ibáñez Gálvez, por el precio de Q6 mil.

Luego se hizo un contrato de compraventa entre Ibáñez Gálvez y Mijangos García, ambos miembros de la banda, por medio de la escritura 981.

No suficiente con ello, para rematar el caso giró instrucciones al abogado González y González para que faccionara la escritura número 10, de fecha 3 de febrero del 2009, la cual contiene un contrato de mutuo con garantía hipotecaria entre Cordón Loyola viuda de Sandoval y Mijangos García, en el cual supuestamente la primera otorgaba un préstamo de Q65 mil a la segunda.

Sicarios

Mijangos García indicó en su declaración anticipada —para obtener la calidad de colaboradora eficaz—, que la red tenía su propio grupo de sicarios, aunque en la diligencia de ayer no se mencionó ningún caso en que se le haya dado muerte a alguna víctima. También afirmó que Álvarez Jacobo definía las funciones de cada integrante del grupo en cada despojo.

Otros casos

Existen otros casos de robo de bienes, entre ellos el de la jueza Flor de María Gil Ovalle, quien fue asesinada después de que la despojaron de sus propiedades. Su hijo también fue ultimado por la misma circunstancia. Otro caso es el del párroco José María Ruiz Furlán, conocido como padre Chemita, quien también fue víctima del robo de sus bienes.

La audiencia de ayer fue suspendida cuando el MP daba a conocer la acusación contra Tito Najarro, cuñado de Álvarez Jacobo y segundo al mando de la organización criminal. La diligencia se reprogramó para el lunes próximo, pero la jueza de Mayor Riesgo, Patricia Flores, ordenó que el abogado Lázaro Padilla fuera llevado al Hospital de la Policía, por quebrantos de salud.

El resto de la banda fue trasladado al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

Irregularidades

Investigan a empleados públicos

El MP se encuentra efectuando una investigación de empleados públicos que estarían vinculados con la banda los Topacio, organización dedicada al despojo de bienes.

Se indicó que esta red criminal tenía contactos en el Registro Nacional de las Personas, el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, quienes les facilitaban  la comisión de delitos.

Por esa razón el ente investigador evitó brindar mayores detalles, debido a que la pesquisa está en ejecución y prefiere evitar que los empleados públicos vinculados puedan fugarse.

Sin embargo, durante la declaración anticipada de  Rosario Floridalma Mijangos García fueron citados dos casos concretos.

Uno es el de  José Rodríguez, quien trabaja en el Archivo de Protocolos, a quien en una ocasión le habrían pagado Q30 mil a cambio de proporcionar papel de protocolo de otros años a la organización.

También se mencionó el caso de un operador del Registro General de la Propiedad a quien uno de los notarios de la red le habría pagado Q100 mil  para que inscribiera una propiedad con documentos falsos.

ILÍCITOS

Abuela de abogada

Lea de León fue víctima.

Durante la diligencia de ayer, la colaboradora eficaz Rosario Floridalma Mijangos García reveló la forma en que despojaron de dos bienes a Lea D’arcy Castañeda de León,  abuela de la abogada Lea de León, quien fue asesinada el 14 de febrero  en la Avenida Reforma, zona 9.

Uno de los inmuebles está ubicado en Antigua Guatemala, y el otro, en la zona 12 de la capital.

Afirmó que en el caso de la propiedad de la zona 12 falsificaron la escritura y usaron papel protocolo de 1975, por el cual pagaron Q30 mil, para que se escriturara con fecha de años atrás. Además falsificaron firmas.

También refirió que se hizo un préstamo sobre la propiedad, el cual fue gestionado en una inmobiliaria, y que en el terreno había un predio para tráileres y un taller mecánico.

Mijangos García afirmó que en la propiedad despojada ya habían proyectado la construcción de un condominio, por el cual le habían ofrecido  Q8 millones a Mynor Giovanni Álvarez Jacobo.

La negociación ya no se concretó porque, en febrero del 2011, Álvarez Jacobo fue detenido por otro caso de despojo.

La colaboradora no se refirió a la forma en que se robaron el inmueble de Antigua Guatemala.

Colaboradora eficaz

Rosario  Floridalma Mijangos García  brindó detalles respecto de la forma de operar y las funciones de cada integrante de la banda los Topacio.

Afirma que declaró porque “las personas ya no tienen límites, despojan a diestra y siniestra y llegan hasta a matar”.

Le pagaban el 10% del valor del bien por prestar su nombre para robar las propiedades.

Buscaban información de los dueños de los bienes deshabitados o en venta, en Infornet, Iusi y recibos de luz.

Hay varios grupos que se dedican a este ilícito y todos se prestan colaboración de notarios, comisionistas y testaferros.

Tienen contactosen diferentes instituciones: Archivo de Protocolos, Registro de la Propiedad y comunas, entre otras.

Abogadoscobran entre Q25 mil y Q30 mil por prestar su protocolo o escrituras falsas.

Hay inversoresque obtienen ganancias del robo.

Prestamistasson quienes dan dinero a la red a cambio de obtener alguna propiedad.

En El Salvadorfalsifican hojas de protocolo y dólares.

Adulteran timbres fiscales, firmas de notarios muertos y de propietarios. Clonan cédulas de vecindad de víctimas.

Datos

40% De banda han sido capturados, según el Ministerio Público.

50 Propiedades más que habrían sido robadas están siendo  investigadas por la Fiscalía.

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