En esa ocasión, Flores determinó que los militares accionaron sus armas para defenderse de una turba de unos seis mil campesinos que amenazaban con lincharlos.

El 4 de octubre del 2012, miembros de los 48 cantones de Totonicapán manifestaban su oposición a las reformas a la Constitución, los cambios a la carrera magisterial y el aumento a la tarifa de energía eléctrica.

En la audiencia en que la jueza ordenó que el caso fuera a un tribunal de Sentencia, cambió los delitos contra militares, al principio acusados de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa.

El Ministerio Público (MP) se opuso a ese fallo por medio de una apelación, con la cual pretendía que los procesados volvieran a enfrentar los primeros cargos. Ayer la Sala respaldó la decisión de Flores al indicar que el fallo está apegado a Derecho.

La fiscal Aída Granillo, encargada del caso, dijo que el MP apeló la nueva resolución en la Corte de Constitucionalidad.

La audiencia en que Flores recibiría las pruebas contra los militares, programada para ayer, fue suspendida por la apelación de la Fiscalía.

El proceso ha permanecido en suspenso durante casi siete meses.

Granillo explicó que es necesario determinar los delitos por los cuales se celebrará el juicio. La Fiscalía insiste en que se trata de ejecuciones extrajudiciales.

Cifra

6 campesinos  murieron el 4 de octubre del 2012.