A la exposición se sumó el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Isaías Martínez, quien calificó los cambios aprobados por el Congreso a la Ley del Presupuesto el año pasado como violación de la autonomía municipal.

Aunque bancadas opositoras también demandaron la presencia del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, este no asistió.

Justifican cambios

Castro explicó que cuando identificaron el problema en la Ley de Presupuesto se intentó ajustar los sistemas, y mediante reglamento flexibilizar la norma, pero no lograron liberar los candados al gasto.

La funcionaria resaltó que el mayor problema en el caso de la obligación de emitir constancias de disponibilidad financiera está en la contratación de personal en el renglón 189, ya que ahora están varados unos cinco mil contratos en los ministerios de Salud y de Agricultura.

Del Águila explicó que de no efectuarse los cambios a la Ley de Presupuesto se atrasará el desembolso de recursos para programas de apoyo y alimentación escolar, y el aporte del Estado a las oenegés educativas que trabajan en el área rural.

Condicionan apoyo

Los jefes de bloques no descartan el apoyo para modificar la Ley de Presupuesto a favor de facilitar el gasto a Educación, pero pidieron analizar el retiro de restricciones al gasto para obras de infraestructura estatal y edil.

Leonel Soto Arango, del Partido Unionista, solicitó tiempo para discutir la propuesta, aunque no descartó el apoyo a las reformas.

“Es un buen momento para hablar y corregirlo, aunque el momento más idóneo hubiera sido cuando se incrementó el —techo del— Presupuesto”, agregó Soto.

“La ministra de Finanzas ha sido clara al decir que no logró hacer los ajustes a los sistemas para adaptar la nueva norma, que fue iniciativa del Ejecutivo”, recordó Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

El presidente del Congreso, Arístides Crespo, dijo que se insistirá en la aprobación de las reformas, pero que en la mesa técnica se escucharán las propuestas de las bancadas para mejorar el gasto y la transparencia.

El problema es de Finanzas

Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV),  afirmó que el certificado de disponibilidad financiera (CDF)  es un requisito que no afecta a su cartera sino a la de Finanzas, porque  debe garantizar el flujo de recursos.

Añadió que el CIV seguirá con la ejecución de las obras   iniciadas porque, debido al requisito del CDF  y a otras “lagunas” que contiene la Ley de Presupuesto  aprobada no han comenzado la construcción de 22 nuevos proyectos de infraestructura desde diciembre pasado, y no lo harán hasta que se aclaren todas las dudas.

Demandan más transparencia  

La Alianza por la Transparencia (Aport), integrada por varias organizaciones sociales, rechazó en conferencia de prensa la intención del Partido Patriota de reformar la Ley Orgánica de Presupuesto, al explicar que se pretende cambiar la intención de la norma que tiene como fin  la transparencia.

La Aport propone que de hacerse algún cambio se deben privilegiar “procesos abiertos y transparentes de discusión técnica”, donde se incluya a la sociedad civil para fortalecer la auditoría social y con esto se garantice el  propósito de los candados, que es  ejercer mayor control en el gasto público.