Además, obliga a los directivos de ambos bancos a que informen al comité de asignaciones del Gobierno de EE. UU. qué medidas toman para apoyar el proceso de reparación de los daños, puesto que ambas instituciones financiaron el proyecto.

Ese acuerdo se firmó en abril del 2010 entre el Gobierno de Guatemala y las comunidades afectadas.

Ley es un triunfo

Miembros de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (Cocahich) calificaron la condición como “un triunfo legal de 32 años de lucha”, y agradecieron al Congreso y presidente de EE. UU. por la aprobación de la ley.

“Se sienta un precedente histórico en el mundo, para evitar que gobiernos y los órganos multilaterales financieros violen los derechos humanos, ya que esas entidades aprobaron los préstamos para la construcción de la hidroeléctrica. Ahora, el Comité de Asignaciones de EE. UU. será informado sobre la evolución del resarcimiento, y no se podrá financiar proyectos de asistencia si esta no se cumple”, manifestó Juan de Dios García, directivo de Cocahich.

Recordó que 33 comunidades fueron despojadas y desalojadas de sus tierras y perdieron sus cultivos, ganado, identidad y cultura para dar paso a la hidroeléctrica Chixoy.

“Con los préstamos de los bancos para la construcción del embalse se comenzó una serie de vejámenes en las 33 comunidades, de las que la más afectada fue la población de la aldea Río Negro, donde murieron 444 personas por oponerse a entregar sus tierras”, añadió García.

Préstamos en riesgo

Fuentes vinculadas con el BM y el BID afirman que los desembolsos que anualmente requiere Guatemala para financiar el Presupuesto también corren riesgo, ya que si las instituciones no acatan la disposición de informar cómo apoyan el plan de reparación de daños, las solicitudes de préstamos para Guatemala que conozcan los directorios de ambos bancos podrían ser rechazados, ya que esas instancias están formadas principalmente por estadounidenses, y un préstamo difícilmente se aprueba si EE. UU. no está de acuerdo.

Un portavoz del BM indicó que el plan de reparación de daños es un tema importante en la relación del Banco Mundial con Guatemala. “Continuaremos trabajando con el Gobierno y con las comunidades afectadas para buscar oportunidades para apoyar a los pobladores del área de Chixoy”, indicó.

Se intentó obtener la postura del BID, pero no fue posible contactar a sus directivos.

Ayuda condicionada

El vocero del Ejército, coronel Ismael Cifuentes, indicó que de no continuar el apoyo de EE. UU., ya no se contaría con las capacitaciones que se ofrecen a militares guatemaltecos.

“Hay oficiales y soldados estudiando en EE. UU. y de intercambio; eso es lo que entra en esa ley. A la hora de que lo quitaran, se termina ese entrenamiento”, indicó.

La Embajada de EE. UU. en Guatemala emitió ayer un pronunciamiento donde afirmó: “La Embajada de los Estados Unidos ha trabajado y continúa trabajando con el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), el Organismo Judicial, la Oficina de la Vicepresidenta, y el Ministerio de Relaciones Exteriores para resolver los 57 casos de familias de ciudadanos estadounidenses que continúan con un proceso de adopción sin resolver desde el 2007”.

“La resolución de estos casos sigue siendo nuestra máxima prioridad. El enfoque principal de la Oficina de Asuntos de la Niñez en el Departamento de Estado y de la Embajada de los EE. UU. en Guatemala”, finaliza la misiva.

Se solicitó una postura de la Cancillería guatemalteca desde el viernes último, pero hasta el cierre de la edición no hubo pronunciamiento.

Plan sin avanzar

Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente del Gobierno, explicó que el plan de reparación de daños que se firmó en el 2010 no avanzó porque el gobierno anterior no lo hizo oficial a través de un acuerdo gubernativo.

“A pesar de que en la mesa de negociación se pusieron de acuerdo en un anteproyecto de acuerdo gubernativo, jamás recibió el visto bueno de la Secretaría General; entonces, no lo firmó el presidente, ni el plan, ni mucho menos el acuerdo que le daba vida a la reparación”, expuso el funcionario.

Balcárcel añadió que trabajan en la creación de una nueva política para la reparación que será presentada a los comunitarios en los próximos días. Esta incluye las medidas que se acordaron en el plan de reparación firmado en el 2010, y que incluía medidas de resarcimiento económico por Q1 mil 200 millones, para pagarse en 10 años, entre otras compensaciones.

El coordinador del diálogo afirmó que el trabajo de reparación de daños se hace desde hace años, por lo cual “no tiene nada qué ver con la ley que aprobó el Congreso de EE. UU”.