LOS JUICIOS DE hechos criminales causantes de interés, indignación, asombro, y una larga serie de sensaciones humanas muy explicables, se caracterizan por colocar al sistema mismo de justicia en un banquillo de los acusados. En esos casos, especialmente, pero también en todos, el objetivo de estas acciones legales es determinar si un hecho o si el comportamiento o proceder de alguien es contrario a la ley o insano. La palabra juicio significa “estado opuesto a la locura” y facultad humana por la cual se puede “distinguir el bien del mal y/o lo verdadero o falso.” Se debe agregar además la posibilidad de descubrir si algún hecho encaja en el campo de la corrección, lo cual entra en el área de la filosofía, al ser un concepto ético y moral.

ESTOS CRITERIOS vienen al caso debido a haber sido ayer la fecha en la cual el juez Miguel Ángel Gálvez debía decidir si deben ir a juicio la señora Beatriz Ofelia de León y su hijo Roberto Barreda, por la participación directa e indirecta, respectivamente, en la muerte de la joven madre Cristina Siekavizza, quien se encuentra “desaparecida” desde julio del 2011. Al haber dictaminado a favor, el juez Gálvez también ordenó la continuación de Fundación Sobrevivientes como querellante, y con eso provoca un muy buen efecto al sistema legal, porque permite la posibilidad de justicia, aunque se deba partir de la presunción de inocencia, incluso en los casos de uxoricidio (asesinato del cónyuge o conviviente). Sin embargo, las evidencias de culpabilidad son abrumadoras.

HAN PASADO CUATRO AÑOS desde ese fatídico día. Por las condiciones casi dantescas del caso, se convirtió en un hecho causante de toda una larga serie de manifestaciones públicas de personas espontáneamente adheridas a la valiente lucha de los padres, hermanos, amigos y compañeras de estudios de Cristina. Han pasado dos años desde el momento de la captura del esposo, quien huyó a México, a donde se llevó a sus dos hijitos y se estableció con un nombre distinto, hasta ser descubierto y trasladado a Guatemala. Esto dio alivio a todas aquellas personas deseosas de llevar a juicio al acusado, pero las constantes y continuas acciones legales de la defensa hicieron que se atrasara todo a lo largo de ese tiempo.

CIERTAMENTE, ESTE ES UN CASO en el cual a los acusados ya se les considera culpables por la opinión pública, consternada a causa de otros detalles como que el año pasado estuviera en la cárcel la madre del principal sospechoso cuando este no había sido capturado y no se sabía nada de él. Es clara la dificultad del caso porque el juez tiene la dificilísima alternativa de hacer justicia o simplemente aplicar la ley en forma literal. Los involucrados —acusadores y defensores— pero también la sociedad en general, deben prepararse para la posibilidad de un veredicto injusto, frustrante y sobre todo decepcionante, de manera especial porque se trata de un caso relacionado con un hecho terrible: la violencia machista contra las esposas y demás mujeres.

LA DECISIÓN DEL JUEZ GÁLVEZ es un paso en el camino correcto, pero no constituye el fin de la batalla legal. Los padres de Cristina, ahora convertidos en padres de sus nietecitos Roberto José y María Mercedes, necesitan hacer un nuevo esfuerzo para estas etapas últimas: el veredicto y especialmente las apelaciones. Pueden estar seguros de algo: cuentan con el apoyo moral y sobre todo la admiración fraterna de quienes han visto su lucha por resolver de manera legal un hecho causante de cambios fundamentales en la vida de toda la familia Siekavizza y su círculo de amigos. Deben tener claro no abatirse. Han avanzado hasta donde pocos hubieran creído.