La descentralización es una forma de contribuir a que la población que radica en la periferia o en áreas remotas tenga un referente inmediato para plantear sus demandas y propuestas, exigir el cumplimiento de sus derechos.

Es una manera de romper con privilegios, de buscar mecanismos más equilibrados y equitativos para la asignación de recursos, de favorecer el desarrollo local y la participación comunitaria. Fortalecer las municipalidades apoyando y desarrollando su autonomía es un primer paso para alcanzar esa meta.

Los pobladores y líderes comunitarios consideran a las autoridades locales como su primer referente del Estado, esa entelequia a la que desconocen, que nunca les resuelve nada, que no está cuando la necesitan, que los ha abandonado a su suerte. No garantiza la educación de sus hijos. No atiende sus ingentes problemas de salud y tampoco les proporciona seguridad.

Los servicios públicos básicos deberían ser atendidos por las corporaciones municipales, que tienen toda la legitimidad que corresponde a su cercanía con los ciudadanos y ciudadanas.

Ahora bien, disputar la alcaldía es una verdadera “pelea de gallos”. Es jugarse el todo por el todo, porque ese todo es lo que van a ganar cuando estén en el puesto. Los caudillos reconocidos por el pueblo son buscados por los llamados eufemísticamente “Partidos Políticos”. No son en realidad militantes de una ideología. No están comprometidos con ningún instituto político o con sus postulados. Son simplemente candidatos que quieren llegar a ocupar el cargo o que buscan la reelección. Por eso los vemos desfilar de un color y de un símbolo a otro. Es a ese líder al que la gente sigue. Es por él que van a votar.

Pero esa simpatía no es gratis. Para ganársela, salvo excepciones, tienen que “hacer méritos”, lo que se debe interpretar como hacer ofrecimientos que no van a poder cumplir. Si a eso se suma la interferencia de otros actores, como los gobernadores, los diputados y desde que nos avanzó como una gran sombra, el crimen organizado y la narcoactividad, los problemas en la localidad se agravan.

Algunos alcaldes están recurrentemente señalados de irregularidades y de cometer hechos delictivos. El procurador de Derechos Humanos, en sus informes, reporta que son los principales violadores de la Ley de Acceso a la Información. La Contraloría de Cuentas tiene denunciadas a 130 municipalidades relacionadas con un convenio con la empresa Energuate para que se encargaran de la recaudación y pago de la tasa de alumbrado público.

Otros están procesados por delitos como malversación, falsedad material, abuso de autoridad, casos de corrupción, entre otros muchos señalamientos. Pero tal vez los más graves son los casos en los que se ha vinculado o señalado a alcaldes de ser parte del crimen organizado e incluso de haber participado en asesinatos de personas, como ocurre con el diputado Julio Juárez, quien en ese momento era alcalde de Santo Tomás La Unión, a quien el Ministerio Público señala de ser el autor intelectual del asesinato de los periodistas Danilo Zapón y Federico Salazar.

Y por supuesto que no es justo generalizar. De los 340 alcaldes, seguramente muchos sí están cumpliendo con su función enmarcados en la ley y son apreciados y reconocidos por los vecinos. Basta ver la masiva asistencia al funeral del alcalde de Rabinal, Ángel Pérez, y del concejal Eldin Gómez, asesinados esta semana.

Se ha informado que 32 alcaldes se encuentran amenazados y solo 17 tienen seguridad. Este año se reportan ya cinco atentados, dos jefes ediles y un concejal murieron. Según informó este matutino, 21 ataques contra corporaciones municipales se han registrado en 11 departamentos desde el 2014.

La crisis no es solo de la institucionalidad nacional. El poder local está vulnerado, puede ser cooptado o atracado.

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