Si bien el espíritu de la legislación aprobada para normar los procesos de relevos de autoridades de aquellas importantes cinco instancias era el de mantenerlo en un nivel de decisión y pertinencia democrática colegiada donde primara la experiencia y la idoneidad de los electores y las más distinguidas calificaciones de todo tipo, y con prioridad sobre las éticas de los elegidos, en la práctica esos eventos cayeron en la manipulación, el juego y los vicios propios de la política partidista.

Existen diversas razones para explicar la intromisión y el interés de los politiqueros en mantener el control de esos cinco organismos, pero quizá el de mayor peso sea el de asegurarse impunidad ante delitos cometidos en la administración del Estado, mediante la devolución o el cobro de favores de y hacia las personas beneficiadas con los referidos prominentes cargos.

Se viene, pues, un año marcado por enconadas disputas en el ámbito político-partidista, como continuación de la campaña electoral anticipada, la cual se verá exacerbada en su virulencia por tratarse de la antesala de la convocatoria a elecciones generales.

La aversión propia de las rencillas electorales, como efecto de la costumbre, entre políticos criollos, de verse como enemigos y no como adversarios, sumará una elevada dosis de conflictividad a los otros eventos eleccionarios institucionales, donde además de las cabezas de los entes ya citados, se pondrán en juego 125 puestos públicos de rango superior en el fuero de justicia.

Desde hace algún tiempo se mencionan insistentemente componendas de carácter político y se señala a supuestos cerebros con capacidades persuasivas para mover voluntades dentro de los sectores involucrados en los procesos de selección, a fin de inclinar la balanza hacia el interés de personas afines a divisas partidarias o con deudas por favores recibidos de patrocinadores con pasado y objetivos oscuros.

Es bajísima la esperanza de cambiar ese indigno manoseo en la designación de puestos de trascendencia para la marcha del Estado, porque las debilidades de las normativas al respecto favorecen el retorcimiento y el casuismo. A esto se adicionan la estulticia y la picardía de quienes han devenido en expertos para copar colegios electorales, colocar a prosélitos en instancias de coordinación, y en general, para infiltrar y corromper los sistemas comiciales y comprar voluntades decisorias.

Aquellos eventos presagian una atmósfera turbada, donde el insulto, la descalificación, las demandas judiciales como recurso para frenar a adversarios y el bloqueo a programas de las distintas esferas públicas serán moneda de orden común, porque los partidos políticos creen que los resultados de este año comenzarán a marcar su rumbo para las elecciones generales del 2015.