LA DECISIÓN DE RETIRAR la propuesta de reformar el artículo constitucional 203 a fin de agregarle el reconocimiento a un sistema de justicia basado en la tradición oral, no en textos, constituye un acierto de las 26 organizaciones indígenas firmantes. Lo es, porque en efecto se había convertido en una manzana de la discordia ante las razonables dudas acerca de sus alcances, jurisdicción y, sobre todo aplicación en los casos de litigios y querellas entre personas de distinta etnia, si son guatemaltecos indígenas o ladinos, y sobre todo si se ven involucrados ciudadanos de otros países. Me parece adecuado, como de hecho lo hacen los firmantes, señalar la necesidad de abrir de nuevo la discusión a este asunto, a fin de llegar a un consenso previo a decidir si esos cambios no serán contraproducentes.

ESTE IMPASE CAUSADO por la decisión de 26 organizaciones indígenas guatemaltecas debe ser utilizado para poner un alto a la actitud de correr para aprobar una serie de cambios constitucionales de alcances desconocidos. No resiste un análisis mínimo considerar válidas fuentes de consenso a las reuniones realizadas hace algunos meses para supuestamente buscar cambios. Pero además, lo ocurrido tiene la ventaja de dar la oportunidad de cumplir con lo establecido por la misma Constitución para solicitarlos, así como permitirle a este texto fundamental del Estado guatemalteco desarrollar y cumplir con sus postulados. De lo primero ha habido solicitudes firmadas por miles de guatemaltecos y respecto a lo segundo se han manifestado con claridad varios constituyentes de 1984.

CREO NECESARIO SEÑALAR algo: la decisión de las autoridades ancestrales es la correcta, pero las justificaciones presentadas no tienen mucha fuerza. Evidentemente comprendieron las consecuencias negativas de esa aprobación, y por eso ninguna organización puede acusar a nadie de ser prueba de racismo o de intento de derribar la lucha contra la corrupción. Las opiniones contrarias a la idea ahora apartada, responden a contubernio. La mayoría de estas fueron producto de una legítima preocupación porque se creen nuevas divisiones en el país y porque su imagen internacional se deteriore aún más si no es posible saber cuál de los sistemas ancestrales será aplicado y sobre qué bases. Como haya sido, el efecto puede ser positivo, siempre y cuando se disipen esas y el resto de dudas.

HAY DE HECHO OTRA BUENA oportunidad: la de informar a la población de todo el país cuántas son las organizaciones indígenas con personería jurídica, con el objeto de asegurar su representatividad y sobre todo la obligatoriedad de las decisiones tomadas por sus representantes, así como el significado de términos como “Bokol Q´esal Teman”, o “alcaldía indígena”. Se debe saber también cuáles de las lenguas de los grupos sociales indígenas guatemaltecos serán consideradas las “oficiales”, de la misma manera como en organizaciones internacionales globales hay idiomas oficiales —la Unesco, por ejemplo. Es decir, faltan aún varios acuerdos para poder comenzar un proceso cuya meta es llegar a los consensos necesarios porque se trata de asuntos de importancia nacional.

PERO LO MÁS IMPORTANTE de estos consensos es el acuerdo previo de la sociedad guatemalteca y sus entidades representativas con el Congreso. El peor riesgo es la certeza de alteraciones constitucionales aprobadas por capricho y ventajas para los partidos y personajes políticos, porque aunque tengan el apoyo de sectores representativos, los cambios fracasarán en la necesaria consulta popular, cuya participación minoritaria está garantizada, al tratarse de temas poco entendidos por la mayoría de los ciudadanos. Creo necesario reiterar: es correcta la llamada “firme determinación” de las autoridades indígenas. En cierta manera apoya la validez del criterio de quienes, al menos en teoría, están por encima de los intereses, algunas veces espurios, de quienes quieren las cosas a rajatabla.