El pasado jueves se llevó a cabo un conversatorio sobre el fortalecimiento del sector justicia y la lucha contra la impunidad, y uno de los participantes fue el actual titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, quien acertadamente lanzaba el reto de que más que evaluar a esa oficina y la labor que realiza sería mucho más rentable entablar un profundo estudio sobre el Estado guatemalteco y la fortaleza de sus instituciones.

Ciertamente, ese es un duro reto para los guatemaltecos, aunque tampoco es difícil aventurar las conclusiones a las que llegarían sobre ese estado de cosas, pues claramente muchas entidades públicas han dejado de cumplir con los objetivos para los que fueron establecidas y muchas otras que están llamadas precisamente a jugar un papel crucial en ese rescate han sido coptadas por oscuros intereses y por políticos mezquinos que encuentran en funcionarios serviles la mejor herramienta para la perversión de todo el sistema.

El comisionado Velásquez sabe perfectamente de lo que habla cuando lanza ese reto, porque precisamente a él le tocó vivir en su natal Colombia una de las etapas más oscuras en la historia de ese país, cuando un alto porcentaje de diputados y funcionarios estaban vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico y grupos paramilitares, muchos de los cuales, por cierto, con el transcurrir de los años fueron separados de sus cargos y otro tanto terminó en prisión.

La situación que actualmente afronta Guatemala es muy parecida a la que les tocó vivir a los colombianos hace pocos años, cuando las mafias y los narcotraficantes incluso decidían quiénes ocupaban una curul o quiénes eran designados a cargos de relevancia en el sector público. Todo lo cual había llevado a ese país a un estado de inviabilidad, pero había sido tanto el daño causado a las instituciones que incluso debieron ser mayores los remedios para impulsar un rescate. Una tarea que por cierto no ha concluido.

Ante un panorama como ese es que resulta comprensible que varios de los que participaron en ese foro hayan manifestado su apoyo a la prolongación del mandato de la Cicig en el país, porque hoy es la única entidad que puede dar algo de garantías de que se pueden combatir el crimen organizado y los altos indicadores de impunidad, incluidos quienes son parte de esas estructuras criminales que desde el poder abusan de sus cargos para fomentar el fortalecimiento de una cultura de corrupción que es la responsable del debilitamiento institucional.

Hoy que está sobre la mesa la discusión de la prórroga de la Cicig, pueden también ser de utilidad las palabras del magistrado Roberto Molina Barreto, quien es categórico al afirmar que esa decisión es exclusiva del Ejecutivo y que la comisión establecida para esa evaluación tiene que limitarse a rendir un informe objetivo, el cual debe estar alejado de cualquier manipuleo.

Sobre todo porque el sistema de seguridad y justicia está colapsado y en Guatemala el estado de Derecho es una quimera que cuando funciona se inclina hacia el lado equivocado.