A partir de la actual era democrática, iniciada en 1985, los gobiernos permitieron la democratización del reducido grupo de influencia que decide sobre lo que se hace o deja de hacer.

El golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, generado por jóvenes oficiales del Ejército ante el último fraude electoral, impidió que el general Aníbal Guevara llegara a la Presidencia. Se puso fin a la sucesión de gobiernos militares que se heredaban la conducción del país según jerarquía o poder acumulado, para beneficio de sus colaboradores. Fueron gobiernos al servicio de la tradicional oligarquía que empezó a dar muestras de permeabilidad para que la cúpula militar accediera a beneficios, hasta entonces exclusivos.

A pesar de su radicalidad y el contexto de la guerra interna iniciada en 1960 a causa de las diferencias estructurales en la tenencia de la tierra, productividad y explotación de la gran masa de población desinformada, marginada de servicios básicos como educación, salud, trabajo y vivienda, los gobiernos militares tuvieron una idea de nación que requería de ciertos planes. Cuando la presión ciudadana fue grande, permitieron el ascenso de un civil. El Estado estaba organizado para que esos planes fueran formulados, desarrollados y ejecutados, nombrando en los altos cargos del Ejecutivo a profesionales capaces, normalmente provenientes del sector privado. La carrera administrativa prevista en la Ley de Servicio Civil del 11M de 1968, dictada por el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, cobró vigencia el 1En 1969. Si bien fue buena, no se implementó, pues hubiera impedido satisfacer compromisos, una vez en el poder, para compensar a correligionarios, amigos, parientes y amigos de los amigos.

El Estado se convirtió en el mayor empleador sin que eso tuviera una correlación con su eficiencia, sino todo lo contrario; lo hizo lento, inoperante y más adelante, corrupto.

A partir de abril del 2015, al ser expuesto públicamente por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el agudo nivel de corrupción al que llegaron las más altas autoridades de la Nación y toda la estructura logística forjada durante años para cuando llegaran a ocupar tan importantes cargos, no deja duda del móvil que estimula a muchos de quienes incursionan en la política actual, sabedores que el sistema les es propicio.

Ante la estructura burocrática que hacía ver inoperantes los bienes del Estado, su privatización pareció una buena idea. Sin embargo, una mala combinación entre empresarios corruptos y funcionarios venales dio como resultado la generación de grandes negocios en torno a todas y cada una de las funciones públicas: medicinas caras para los servicios hospitalarios, pactos colectivos de trabajo fuera de toda realidad y proporción, ministros de Educación con fábricas de escritorios, industria militar vendiendo caro lo que produce barato, y oficiales entregando armamento y municiones a la delincuencia.

Particular mención merece el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que durante las últimas décadas ha hecho esfuerzos supremos por lucir ineficiente. El objetivo, que finalmente los 16 millones de habitantes del país aceptemos que el Estado no es capaz de atender la red vial, de satisfacer el inconmensurable déficit de vivienda; de hacer puentes que no los arrastre la crecida del río ante el primer aguacero; y reconozcan, convencidos, que lo mejor será concesionar mediante la modalidad de las asociaciones públicoprivadas tan vitales actividades, con el consabido argumento que siempre será mejor tener un servicio caro, que no tenerlo.

¿Hasta cuándo?

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