La institucionalidad del país parece encontrarse en un callejón sin salida, sus élites políticas han minado todo el campo, dejándola atrapada en una esquina. En los pasados dos o tres años se fue creando una suerte de embudo en el que pasos y procesos clave fueron todos a parar a la Corte de Constitucionalidad (CC), usualmente con el vehículo de ese comodín jurídico que es el amparo. Esta noble figura legal, idealizada como herramienta para proteger al ciudadano del abuso del poder, el recurso de amparo, termina siendo una especie de plaguicida jurídico, veneno que todo lo mata. Paso a paso se ha venido amarrando una serie de nudos institucionales, muchos de ellos creados por la CC, produciendo lo que puede calificarse como una crisis en los órganos de justicia.

El plazo de los actuales magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) venció en octubre de 2019 y el proceso para elegir a la nueva Corte, así como a 200 magistrados de salas de Apelación, está paralizado en el Congreso, merced de una cadena de amparos otorgados por la CC, que intervino repetidamente, tanto en el proceso de Comisiones de Postulación como en el propio Congreso. No hay salida fácil de este entuerto. Es justo hacer la pregunta de si los magistrados de la CC no alcanzaron a ver las consecuencias de sus resoluciones o si, por el contrario, estas eran las consecuencias previstas o incluso anheladas. También está estancada en el Congreso, precisamente, la solicitud de retiro de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC.

La incertidumbre y desorden ha llegado al propio seno de la CC. En 2018, la CSJ designó al Dr. Conrado Reyes como suplente del magistrado Neftaly Aldana Herrera en la CC. Esta última otorgó amparo provisional a personeros de la industria de la protesta, bloqueando la incorporación de Reyes a la Corte, a pesar de que la ley es clara en que su designación por parte de la CSJ es inimputable. Este caso estuvo en el limbo por dos años, sin resolución definitiva. No puede ser casualidad que pocos días antes de que la familia del magistrado Neftaly Aldana hiciera del conocimiento público su estado de salud, la CC resolviera en definitiva anular la designación de su suplente, Conrado Reyes. Este es un claro caso del mal uso del amparo, no para proteger al ciudadano del abuso del poder, sino por el contrario, para abusar del poder en aras del ajedrez político.

El fallecimiento de Bonerge Mejía y la enfermedad de Neftaly Aldana, ambos magistrados titulares, agitan las aguas y podrían revelar esqueletos escondidos en la CC, poniendo en duda lo que ha resuelto, al menos desde junio hasta el presente. A la incógnita de la supuesta firma electrónica del magistrado Aldana durante este tiempo, se suma el hecho de que no tiene suplente. ¿Hay firma electrónica del magistrado Aldana en resoluciones de la CC durante este período y, si hubiere, es legítima? ¿El magistrado Mejía también registró firma electrónica en resoluciones de la CC mientras sufría la enfermedad que cobró con su vida?

Como señala el comunicado de los magistrados Ochoa, Comte y Araujo, a partir de la carta de la familia de Nery Aldana, la CC no tiene mayor cosa que deliberar para declarar la vacancia. La Constitución define que la integración de la CC requiere de magistrado titular y suplente designado por la CSJ, ambos vacantes, ergo, no se puede integrar la Corte.

Surgen muchas preguntas legítimas sobre el actuar de la CC. Es imprescindible, para la credibilidad de esta corte, que se dé a conocer toda la información pertinente con transparencia absoluta. La luz es el mejor desinfectante.