Por más que intente, el presidente Alejandro Giammattei no puede engañar a la comunidad internacional al presentar a su gobierno como víctima de una supuesta campaña de desprestigio montada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe de esa instancia, un órgano autónomo de la OEA, refleja una realidad insoslayable de violación a los derechos humanos, de corrupción rampante y de cooptación de los poderes del Estado por parte de una alianza despótica, de la cual forma parte el propio mandatario. Es más, su desplante de ir hasta la capital norteamericana para despotricar contra la CIDH le dio mayor relevancia al informe. Estos episodios erráticos revelan que el presidente podría padecer un trastorno de personalidad paranoica, porque se siente amenazado, traicionado y presa de conspiraciones que solo existen en su desquiciada cabeza.

¿Se recuerdan de cómo Giammattei reprimió la protesta ciudadana del 21 de noviembre del 2020, además del montaje de un incendio en el edificio del Organismo Legislativo? Sí, el mandatario violentó el derecho constitucional de movilización. Sin embargo, su paranoia lo llevó a considerarse víctima de una supuesta conspiración golpista, que atribuyó a quienes protestaban contra la aprobación del presupuesto nacional del 2021.
Un legítimo derecho a la manifestación lo convirtió en una amenaza al orden constitucional, y llegó al extremo de invocar la Carta Democrática Interamericana porque su gobierno estaba en grave peligro. La OEA envió una misión para constatar la increíble y triste historia del cándido Giammattei y los manifestantes desalmados. El numerito le salió contraproducente porque la misión verificó que tal golpe de Estado no existía y, al contrario, observó las flagrantes violaciones a los derechos humanos propiciadas por el régimen guatemalteco.

Como la CIDH no se prestó al juego, ahora Giammattei la ataca. Ese organismo mantiene un permanente monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región, como parte de su mandato establecido por el Pacto de San José. Al presidente le espanta que esa comisión diga que el Estado guatemalteco, desde sus más altas autoridades, realiza acciones para debilitar la institucionalidad anticorrupción y la independencia de los órganos encargados de impartir y administrar justicia. Le da escozor que se sepa de la existencia de injerencias arbitrarias del Gobierno para obstaculizar los avances en la lucha contra la impunidad, que llevaron a la desarticulación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por parte de Consuelo Porras. Le irrita que se revele la gravedad de que quienes incurren en actos ilícitos sean las autoridades encargadas de dictar las leyes, ejecutarlas y controlar otros poderes. A Giammattei le arde que la CIDH le recuerde que Guatemala está entre los cinco países más corruptos de América.

¿Es falso lo que plantea el informe de la Comisión Interamericana? No. Es una realidad lacerante. Por ejemplo, ese organismo dice que constató que la criminalización contra magistrados, jueces y operadores de justicia independientes se agudizó ante la falta de independencia del Ministerio Público, facilitando la manipulación del derecho penal. Ese es un hecho evidente y que ha sido denunciado también por el Departamento de Estado, de EE. UU., que definió a Consuelo Porras como una agente corrupta y antidemocrática. En la misma línea se han manifestado la Unión Europea y varios organismos internacionales. O sea, Giammattei puede inventar lo que quiera, como cuando dijo que el embajador estadounidense, en contubernio con los pueblos indígenas, quería derrocarlo, que nadie le va a creer. Al contrario, Giammattei está llevando a Guatemala a un mayor aislamiento internacional como un Estado paria que alienta la corrupción e impunidad desde las más altas esferas.