Los candidatos presidenciales que callan ante varias exclusiones ejecutadas por el Tribunal Supremo Electoral no deberían quedarse tan tranquilos y campantes, porque los próximos podrían ser ellos. Es tal el desorden y la desigualdad en la aplicación de la ley, que genera desconfianza en la ciudadanía, la cual tiene amenazado su derecho a elegir o ser electos. Y es que la verdadera democracia no obliga a su ciudadanía a escoger entre candidatos que cierto grupo preselecciona. Nicaragua comenzó así, pero ahora ni esos grupos que preseleccionaban tienen posibilidad de escoger; la dictadura también los echó a un lado.

Ojo, que no estoy en contra de la aplicación estricta de las normas y requisitos electorales. De hecho, pido que así sea, pero de manera equitativa, pareja, sin sesgos ni preferencias. La reciente exclusión de un partido político, por incumplimientos en su proceso de asambleas, llega tarde y mucho después de que el TSE los había autorizado, pero se ve obligado a retractarse cuando dicha organización tiene cierto caudal de preferencia. ¡Eso sí que es sospechoso!

El problema de fondo es que existen otras candidaturas y partidos vigentes que no cumplen e incluso contravienen preceptos constitucionales, pero el TSE los deja correr y las cortes han rechazado los recursos legales en contra de tales violaciones a la Constitución; eso no es igualdad, es un atentado contra una elección legítima. ¡Eso sí es fraude electoral!

Si a un partido o candidato se le aplica el rigor de la ley, que así sea, pero a todos por igual. No ha sido así, pues a unos les prohibieron participar por requisitos legales o faltas electorales; sin embargo, a otros les han limpiado el camino, pese a sus impedimentos.

Guatemala necesita de transparencia, de certeza jurídica, de igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos debemos respetarlo, y por supuesto todos los sectores, incluyendo a los partidos políticos, pero también las autoridades de todo tipo. Estamos a siete meses del final de un gobierno que falló en combatir la desnutrición, falló en mejorar la calidad educativa, falló en modernizar la infraestructura y falló en proveer un mejor sistema hospitalario.

En el Congreso no hubo fiscalización, porque se autoprotegieron, bloquearon las interpelaciones y las citaciones de funcionarios. Hay antejuicios sin avance en la Corte Suprema contra diputados que cometieron fraudes contra el país y siguen inscritos.

Existe un viejo dicho que dice una gran verdad: “Solo el pueblo salva al pueblo”… Yo lo pondría como “solo la ciudadanía puede salvar la democracia y el estado de Derecho”. Ya Guatemala vivió oscuros tiempos de violencia, represión e intolerancia. Los guatemaltecos sabemos los resultados y el gran dolor, pobreza y subdesarrollo que las dictaduras han dejado. Ningún ciudadano debería exaltar y respaldar a actores que golpearon vilmente a Guatemala. Igual debe ser nuestra respuesta a aquellos que apoyaron a la corrupción.

Como cualquier ciudadano guatemalteco honrado y trabajador, estoy a favor de la aplicación de la ley, pero que sea sin privilegios. Exijamos unas elecciones libres entre quienes sí cumplen con los requisitos legales para participar. Ante esos grupúsculos que se creen con el derecho de elegir por nosotros, hagámonos oír, reclamemos y rechacemos toda manipulación.

La democracia es del pueblo de Guatemala y tenemos libertad de expresión, derecho de acción y de petición. Usemos esas garantías antes de que sea tarde. En nuestras manos también está la tecnología como un aliado imparable. En las crisis surgen las oportunidades y este es el momento de rescatar Guatemala.