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Civitas
Comisiones de postulación: el examen moral del poder
El problema histórico no ha sido la falta de normas, sino el déficit de responsabilidad moral.
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Entramos en un ciclo de decisiones públicas que no se toman en las urnas, en donde los ciudadanos no participamos directamente y cuyo nivel de tecnicismo termina alejando al guatemalteco promedio. Sin embargo, estas decisiones definirán el funcionamiento del poder por muchos años. Las elecciones de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, fiscal general del Ministerio Público, magistrados de la Corte de Constitucionalidad (y eventualmente contralor General de Cuentas) concentran una densidad política que suele pasar desapercibida por el ciudadano común, pero que en la última semana quedó expuesta. Universidades, colegios profesionales y Congreso, todos activados simultáneamente alrededor de las famosas comisiones de postulación.
Lo movido de los primeros días de enero 2026 es señal de que estamos ante uno de los momentos más delicados de la arquitectura institucional republicana: cuando diferentes poderes deben designarse entre sí.
Más allá del componente político de disputas coyunturales o campañas para influir en quienes integran estas comisiones, vale la pena regresar a lo esencial. La Ley de Comisiones de Postulación establece con claridad los principios que deben regirlas: transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad. Son directos, incluso evidentes. No obstante, rara vez nos preguntamos qué es lo que realmente los sostiene. Por más claros que sean esos principios, sin ética son letra muerta.
La transparencia no es solo un requisito procedimental porque no se reduce a publicar actas o transmitir sesiones. Es necesario, sí… también es una decisión moral. Demuestra la voluntad de no ocultar, manipular o aparentar apertura. James Madison advertía de que ningún diseño institucional podría funcionar si quienes lo operan no están dispuestos a contener sus ambiciones. Las reglas del juego (político) existen porque el poder tiende a abusar de sí mismo, el problema es que las reglas no se aplican solas.
Por más claros que sean esos principios, sin ética son letra muerta.
Lo mismo con la excelencia profesional. La parte técnica de evaluar capacidad, idoneidad y honorabilidad no siempre es neutral. Implica discernir entre currículos inflados y mérito real, entre independencia evidente y lealtades oscuras. Aquí opera la ética del comisionado como filtro. Si el comisionado ya tomó la decisión de favorecer a alguien, cualquier tabla de gradación, entrevista o examen pierde sentido porque solo justifica un resultado, no la selección por mérito.
Así la objetividad es quizá el principio más frágil. No porque sea imposible de medir, sino por la tentación de introducir componentes subjetivos bajo la apariencia de que son técnicos. Vaclav Havel describía cómo los sistemas se vacían cuando los individuos viven dentro de mentiras, cumpliendo la forma, pero traicionando la esencia y el sentido de la tarea.
Finalmente, la publicidad no garantiza que los actos sean honestos. La exposición puede convivir con el cinismo. Más que observados, los comisionados o tomadores de decisión deben sentirse moralmente obligados a hacer lo correcto, incluso si nadie estuviera mirando.
La ley nos dice cómo deben funcionar las comisiones de postulación. El problema histórico no ha sido la falta de normas, sino el déficit de responsabilidad moral. Madison confiaba en frenos institucionales, pero sabía que ningún sistema sobrevive sin un mínimo de virtud cívica. Havel insistía en que la política se degrada cuando se separa de la consciencia. Ambos nos recuerdan que la república no se sostiene solo con procedimientos, también requiere carácter.
Más que lo técnico o jurídico, el mayor desafío de estos procesos es ético.
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