Estados Unidos
Rflexiones sobre el deber ser
¿Cómo convencer a los mejores de participar?
La postuladora no debe responder a intereses creados.
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Está por iniciarse el proceso de postulación de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período comprendido del 20 de marzo de 2026 al 19 de marzo de 2032.
Al efecto, es fundamental que sean confiables los miembros de la comisión de postulación, es decir, quienes elaborarán la nómina de 20 candidatos de la cual el Congreso deberá elegir a los 10 magistrados del TSE, cinco titulares y cinco suplentes, así como que participen, como aspirantes a las candidaturas, juristas de alta calidad académica y profesional, o sea que, además de cumplir con los requisitos legales, ostenten méritos inobjetables de capacidad, idoneidad y honorabilidad.
Al respecto, cabe traer a colación la designación de candidatos y magistrados que integraron la primera magistratura del TSE (1983-9). La ciudadanía estaba harta de los fraudes electorales perpetrados por los regímenes autoritarios durante las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, por lo que el gobierno de facto (1982-6), para encauzar un proceso de democratización, determinó que era clave la creación e instalación de un TSE, con independencia funcional y jurisdicción político-electoral, así como que no estuviera sujeto a autoridad u organismo estatal alguno. Sin duda, la integración, con personas maduras, correctas y confiables, de la postuladora y la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, aseguró la designación de magistrados del TSE dignos, autónomos y neutrales al juego político-partidista, que habilitaron la constitución y registro de organizaciones políticas bajo una nueva legalidad, así como la celebración de elecciones limpias y justas. “Para las novedades, los clásicos”, afirma Miguel de Unamuno.
Los potenciales aspirantes calificados también podrían inhibirse o renunciar a participar si perciben un ambiente politizado o parcializado en el cual solo serán instrumentalizados y sufrirán desgaste, humillación e infamia.
Hoy día, para convencer a los mejores juristas de que se presenten como aspirantes ante la postuladora, esta debería de integrarse con miembros que no llamen a sospecha o desconfianza. Además, la postuladora debe adoptar una selección meritocrática y no responder a intereses creados, así como la votación en el Congreso debe ser pública, transparente y razonada, lo que supone un pronunciamiento individualizado sobre la reconocida honorabilidad de los candidatos.
Por otro lado, la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala, en un reciente informe, advierte que recibió un mensaje de “temor, por parte de candidatas y candidatos potenciales, integrantes de comisiones de postulación, abogados, académicos, defensores de derechos humanos y otros actores clave, de ser objeto de criminalización, campañas de difamación, acoso judicial o ataques en redes sociales como consecuencia de su participación en estos procesos”.
Al respecto, cabe advertir que, dado que los comisionados no gozan de inmunidad ni la ley garantiza la irresponsabilidad por sus opiniones, preocupa que pudieran ser objeto de impunes o injustos hostigamientos, descalificaciones, ataques o acosos arbitrarios en su contra, con el propósito de atemorizarlos. Los potenciales aspirantes calificados también podrían inhibirse o renunciar a participar si perciben un ambiente politizado o parcializado en el cual solo serán instrumentalizados y sufrirán desgaste, humillación e infamia.
Por lo tanto, corresponde al Estado de Guatemala, a través de acciones concretas y eficaces, garantizar a los comisionados el desempeño de sus cargos sin intimidación ni amenaza alguna, así como a los mejores aspirantes una participación libre, justa y segura. Con esta actitud podremos liberarnos de la caquistocracia (gobierno de los peores).
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