Estados Unidos
Criterio urbano
Condiciones necesarias para mejorar la seguridad vial
Tenemos que ser capaces de que las carreteras tengan operadores.
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El aparatoso accidente del fin de semana en la autopista Palín-Escuintla, una carretera que fue dejada sin contrato de operación por el mero populismo del gobierno anterior y que este gobierno ha dejado a la libre, es una muestra de la poca capacidad de gestión a través de los mecanismos de obra pública tradicional, para poder operar carreteras en buenas condiciones. Los controles que se tenían en la autopista cuando era operada con peaje hacían que no se tuvieran tantos accidentes. Ahora ese tramo se ha vuelto el más peligroso de todo el país.
Cero controles de peso ni de velocidad es lo que ocurre en la mayoría de las carreteras, con la diferencia de que todas las demás están hechas pedazos o tienen miles de túmulos, lo cual limita la velocidad en carreteras. Por supuesto, no es dejándolas en mal estado o poniendo más túmulos como se resuelve el problema, sino realmente teniendo operadores de carreteras contratados por el Estado.
En las carreteras centroamericanas, que ahora por ley están a cargo de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), urge que el Ministerio de Comunicaciones le ponga más seriedad al cumplimiento de la ley, en temas tan críticos como que el personal de la misma debe ganar salario de mercado, lo cual no es tan difícil de comprender y es bastante claro, lo que implica es que se deben hacer estudios comparados salariales de cuánto gana un perfil similar en el país y pagarles acorde a lo que dicta el mercado. Así lo establece la ley; cualquier interpretación distinta sería delito de incumplimiento de deberes, querer interpretar algo distinto a lo que el legislador puso en una ley, además, lleva el delito de usurpación de funciones.
Necesitamos un sistema más moderno y seguro para nuestras carreteras.
Tenemos que ser conscientes, como bien lo establece el experto Federico Villalobos: “Los proyectos de obra pública tradicional no son más que obras pagadas por todos —inclusive quienes no la utilizan hoy, o bien, pagados por futuras generaciones— y que además no consideran necesariamente en su planificación el repago del financiamiento, el mantenimiento, la operación y los riesgos asociados. Al final de cuentas es un resultado más de la cultura donde la única fase relevante parece ser la construcción, olvidando por completo la calidad del servicio”.
Por eso es tan relevante el cambio de modelo y, como bien lo establece la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que todas las centroamericanas sean pagadas con peajes sombra —pagadas por el Estado— con los recursos que la ley le otorga, pero con una operación privada que asegure el mantenimiento y la calidad del servicio. Este servicio por supuesto, debe incluir básculas para reportar el peso de los camiones, así como cámaras y controles de velocidad que ayuden a disuadir a pilotos irresponsables de cometer maniobras que después se lamentan con vidas humanas.
Estamos a tiempo de mejorar la capacidad Estatal de contar con la institucionalidad necesaria de mejores carreteras, pero se necesita más seriedad desde el nivel de la Presidencia para que la Dipp se implemente tal cual y lo establecieron los legisladores y no seguir el circo en el que llevan más de un año, queriendo inventarse un modelo ilegal que después vamos a pagar todos. Queriendo encima de todo continuar el nefasto modelo de obra pública tradicional.
El costo en vidas humanas y recursos de salud que estamos gastando como país por la negligencia de funcionarios es altísimo; este es el momento de recapacitar y ser verdaderos estadistas, tomando decisiones que permitan apostarle a la seguridad con un modelo más moderno de operación de nuestra infraestructura vial.
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