Estados Unidos
Conciencia
Cuando el crimen organizado desafía al Estado
Los indicadores de seguridad del año pasado evidenciaron un deterioro que hoy se profundiza aún más.
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Durante 2025, Guatemala empezó a mostrar señales claras de deterioro en su situación de seguridad. El Cien documentó un repunte en los delitos contra las personas y un incremento sostenido en homicidios, lesionados y extorsiones. El año cerró con tres mil 139 homicidios, 270 más que en 2024, y con un aumento de 23% en personas lesionadas. En el caso de las denuncias extorsiones, la tasa interanual aumentó de 139.1 a 142.7 por cada cien mil habitantes. Sin considerar el año 2020, en 2025 la violencia homicida cambió su tendencia a la baja después de más de una década. La tasa de homicidios pasó de 16.1 en 2024 a 17.3 en 2025, confirmando un punto de inflexión en su comportamiento.
La violencia reciente revela las limitaciones y falta de control del sistema penitenciario.
Ese deterioro se manifestó con especial gravedad el domingo 18 de enero. Reos miembros de pandillas tomaron el control de tres cárceles en una acción coordinada. Simultáneamente, se registraron ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que hasta la fecha han dejado 10 policías fallecidos. Ante estos hechos, el Ejecutivo decretó estado de sitio por 30 días, ordenando el despliegue conjunto de la PNC y el Ejército de Guatemala para recuperar el control de las cárceles y apoyar las operaciones de seguridad. Cuando las estructuras criminales operan desde las cárceles y al mismo tiempo atacan en las calles, el desafío deja de ser únicamente delictivo y se convierte en un problema directo de gobernabilidad.
La modernización de la PNC es ineludible: formación acorde a los nuevos perfiles criminales, uso intensivo de tecnología, fortalecimiento de inteligencia y sistemas de evaluación basados en mérito. Sin embargo, centrar la respuesta exclusivamente en la fuerza policial sería insuficiente.
El mayor desafío estructural está en el Sistema Penitenciario. Cien ha señalado que Guatemala presenta una de las tasas de encarcelamiento más bajas de América Latina, pero al mismo tiempo uno de los niveles más altos de hacinamiento con cerca de 300% de ocupación. Más de 23 mil privados de libertad se concentran en instalaciones diseñadas para menos de ocho mil espacios. A ello se suma un déficit crítico de personal: alrededor de cuatro mil agentes penitenciarios para todo el país, sin un sistema de carrera y con severas limitaciones de control interno.
Esta situación ha permitido que las cárceles se transformen en centros de operación criminal; se coordinan extorsiones, se ordenan asesinatos y se planifican ataques, desafiando abiertamente la autoridad. Mientras el Sistema Penitenciario no sea recuperado, ninguna política de seguridad podrá sostenerse en el tiempo.
Las acciones ineludibles son inversión urgente en infraestructura carcelaria, particularmente en centros de máxima seguridad; resolución administrativa y financiera de proyectos carcelarios estancados; ampliación y profesionalización del personal penitenciario; conclusión del censo penitenciario; fortalecimiento de los controles para impedir el ingreso de ilícitos y desarticular redes de corrupción, y una transformación profunda de la Policía Nacional Civil basada en información, tecnología, inteligencia y planificación territorial.
El estado de sitio abre una ventana limitada, pero dependerá de lo que ocurra después y de la capacidad de sostener decisiones estructurales. Las instituciones que integran el sistema de justicia criminal deben actuar de manera coordinada. La fragmentación institucional es una ventaja para el crimen organizado.
Al mismo tiempo, la respuesta no puede limitarse al ámbito coercitivo. La ciudadanía tiene un papel central en la prevención, en la denuncia y en la recuperación de los espacios comunitarios. Guatemala enfrenta una prueba mayor: controlar el crimen, reconstruir instituciones y cerrar el paso a quienes buscan imponer el miedo como forma de poder.
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