Estados Unidos
Construyendo ideas
Cuando las cárceles mandan, el Estado obedece
Mientras el crimen siga teniendo mando desde prisión, cualquier control en las calles será temporal.
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Lo ocurrido en los últimos días no es una sorpresa. Es una consecuencia predecible de años de abandono, de decisiones postergadas y de una verdad incómoda que en Guatemala se comenta en voz baja, pero rara vez se dice con claridad: el Estado perdió el control de sus cárceles hace mucho tiempo.
Un Estado que no controla sus cárceles no gobierna la seguridad, apenas la administra.
Los ataques, los motines y las reacciones de emergencia no nacen de la nada. Son la expresión visible de un sistema penitenciario que dejó de ser un espacio de custodia para convertirse en un centro de operación criminal. Desde ahí se ordena, se coordina, se extorsiona y se amenaza. Lo que ocurre en las calles muchas veces se decide detrás de los muros.
Hay un dato que el país conoce y que resulta imposible seguir ignorando: un porcentaje muy alto de las extorsiones que asfixian a comerciantes, transportistas y familias se originan desde las cárceles. Teléfonos, listas, órdenes y cobros salen desde centros que, en teoría, deberían estar bajo control absoluto del Estado.
Mientras el crimen siga teniendo mando desde prisión, cualquier control en las calles será temporal.
Ante cada crisis, el país responde como sabe: operativos, presencia policial, estados de excepción. Medidas necesarias para contener, sí. Pero insuficientes para corregir. El problema no es la falta de fuerza, sino la ausencia de control real donde el control es indispensable. Sin dominio efectivo del sistema penitenciario, el Estado siempre llega tarde.
La narrativa oficial insiste en presentar estos hechos como episodios aislados. Pero la ciudadanía percibe un patrón: cada cierto tiempo, las cárceles recuerdan quién manda. Y cada vez, policías y ciudadanos terminan pagando el precio de un sistema que se toleró fuera de control durante demasiado tiempo.
Un Estado que no controla sus cárceles no gobierna la seguridad, apenas la administra.
No se trata de buscar culpables individuales ni de convertir esta crisis en un debate ideológico. El problema es estructural y atraviesa gobiernos, discursos y colores políticos. Durante años se normalizó que las prisiones operaran sin control tecnológico, sin inteligencia efectiva y con corrupción enquistada. Hoy vemos las consecuencias.
La más grave no es solo la violencia, sino el mensaje que se transmite a la población: si el crimen puede extorsionar, ordenar y desafiar desde prisión, la autoridad se debilita y el miedo se vuelve cotidiano.
Esto no admite matices: o se detiene el control criminal desde las cárceles, o se detiene el país.
No habrá paz afuera mientras el crimen siga gobernando adentro. La seguridad no se decreta ni se resuelve con anuncios. Se construye con decisiones incómodas, sostenidas y firmes. Recuperar el control penitenciario no es una opción política: es una obligación del Estado.
Mientras sigamos evitando esta conversación, seguiremos reaccionando a las consecuencias en lugar de enfrentar la causa.
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