Estados Unidos
A contraluz
Cuando las élites tocan las puertas en Washington
El cabildeo de la oligarquía busca incidir en una mayor desestabilización de los esfuerzos democráticos.
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Las élites depredadoras no solo buscan influir en la conducción del Estado, sino que tratan de imponer a sus lacayos para tener una justicia a la carta, para lo cual no escatiman recursos. Su objetivo es capturar el Estado y para ello despliegan estrategias de influencia en el exterior que van más allá de la protección de sus intereses. El reciente cabildeo efectuado en Washington por grupos empresariales guatemaltecos ilustra con claridad meridiana cómo buscan aprovechar la política internacional para incidir en las decisiones claves del sistema institucional del país, como la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Grupos empresariales invierten grandes sumas para mantener una descarada manipulación. institucional.
La asociación El Observador publicó, en diciembre pasado, la investigación “Arrecian cabildeo ante el Gobierno de Estados Unidos”, en la cual informa que grupos empresariales guatemaltecos contrataron los servicios de la firma Continental Strategy LLC, con sede en Washington. ¿Quiénes están detrás de ese lobby? Nada menos que la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua), la Cámara de Industria de Guatemala, Coraline Capital Inc. —vinculada al grupo financiero que controla el Banco Industrial— y la Corporación Internacional Cemcal, asociada a Cementos Progreso. Estos cuatro grupos pagaron US500 mil (unos Q4 millones) para ese cabildeo.
Según la información, en el centro de las operaciones está Manuel Alfredo Espina Pinto, quien trabaja en Continental Strategy y tiene vínculos con sectores conservadores del Partido Republicano y del neopentecostalismo evangélico. Este empresario llegó a Washington como embajador del gobierno de Jimmy Morales en 2017 y desde entonces ha estado al servicio del Cacif, para establecer contactos con los sectores más ultraderechistas de Estados Unidos. El cabildeo que desarrolla Espina Pinto se dirige a la oficina ejecutiva del presidente norteamericano y el Departamento de Estado.
El problema no es el lobby en sí mismo, ya que en Estados Unidos es una actividad legal. El inconveniente es cuando estos esfuerzos de influencia se insertan en contextos institucionales frágiles, como el guatemalteco, donde la independencia judicial ha sido históricamente vulnerable a presiones políticas y económicas. Además, ese cabildeo busca incidir en una mayor desestabilización de los esfuerzos democráticos y, en particular, contra el presidente Bernardo Arévalo.
La elección de Molina Barreto como magistrado de la CC no puede analizarse al margen de esas dinámicas de poder. Durante años, este magistrado ha sido identificado con sectores conservadores del sistema político y con decisiones judiciales alineadas con los intereses de determinadas élites económicas. Molina Barreto no solo se ha significado como un defensor del statu quo, sino como el artífice de fallos que han favorecido a Consuelo Porras, el pacto de corruptos y ha buscado mermar el espacio de gobernabilidad del presidente Arévalo.
Lo que está en juego no es solo el papel de la CC, sino el modelo mismo del Estado. Cuando grupos empresariales invierten grandes sumas de dólares en cabildeo para mantener el sistema de justicia capturado por redes de poder, ya no se trata de la defensa de intereses legítimos, sino de una descarada manipulación institucional.
En consecuencia, la visita del emisario del norte a la Corte Suprema para abogar por Consuelo Porras, y su subsiguiente presión a los diputados para viabilizar la elección de Molina Barreto, no pueden ser vistas como actuaciones aisladas. Todo indicaría que son componentes de una estrategia de incidencia política de alto nivel, con vasos comunicantes con el cabildeo en Washington.
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