Estados Unidos
Conciencia
El agotamiento de las comisiones de postulación
Las elecciones de segundo grado muestran que el sistema de comisiones no garantiza premiar el mérito.
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Guatemala es una república, y solo se sostendrá cuando los pesos y contrapesos funcionen. El concepto consiste en que distintas instituciones puedan limitarse entre sí para evitar abusos y garantizar decisiones legítimas. Cuando ese equilibrio se debilita, el problema no es únicamente político, es institucional
El sistema contempla varias instituciones, entre otras: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de organizar y arbitrar los procesos electorales; la Corte de Constitucionalidad, responsable de resguardar el orden constitucional; el Ministerio Público (MP), que investiga y persigue delitos; la Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza el uso de los recursos públicos; y la Procuraduría de los Derechos Humanos, que supervisa el respeto a los derechos fundamentales. Las primeras cuatro, coincidentemente, este año, elegirán sus autoridades en las elecciones de segundo grado.
Las disputas entre actores políticos —incluida la confrontación entre miembros del expartido político Semilla y la fiscal general— y el debate sobre la integración del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac) han trasladado la discusión del ámbito técnico a la arena política. Mas allá de los candidatos o coyunturas específicas, el problema central es la forma en que se selecciona a quienes dirigirán estas instituciones. Lamentablemente, el sistema actual no siempre premia el mérito profesional pues cede espacio a las negociaciones espurias.
El punto crítico está en las comisiones de postulación, diseñadas para ampliar la participación académica y gremial, pero hoy enfrentan desviaciones impensables. Su integración numerosa dificulta alcanzar acuerdos técnicos, mientras que el peso determinante de ciertos actores, como la Usac, universidades de dudosa calidad, la política gremial y partidista, ha convertido la evaluación profesional en una disputa política. Lo que debía ser un filtro técnico terminó en un proceso transaccional.
Modificar este modelo no es sencillo. Muchas comisiones tienen sustento constitucional y, en la práctica, solo la del TSE podría reformarse sin mayores cambios. Por ello, en el corto plazo, el resultado dependerá más de la madurez, ética y responsabilidad de quienes participan en los procesos, así como del escrutinio público y la vigilancia ciudadana.
Importante buscar mecanismos complementarios
que permitan volver a premiar el mérito.
Si las comisiones ya no cumplen plenamente su propósito original, a futuro es necesario introducir mecanismos complementarios que refuercen la evaluación objetiva como incorporar instrumentos de evaluación técnicas que refuercen el papel de las comisiones de postulación.
Modelos comparados muestran que es posible mantener estándares profesionales confiables. Por ejemplo, en Estados Unidos la barra de abogados vela por la incorporación y permanencia de los profesionales mediante una admisión técnicas y una habilitación constante o actualización, y mantiene la supervisión disciplinaria y ética de sus agremiados para asegurar el buen desempeño.
Trasladar esa idea al contexto guatemalteco sería clave para recuperar el principio básico y la única razón de ser de la colegiación profesional obligatoria: que respalden y promuevan el mérito y la superación profesional, en un ambiente donde la ética no se negocia. Mientras los colegios profesionales sigan viéndose como una oficina de colocación y fondo de reparto, la confianza gremial seguirá hundiéndose.
Crucial es que los procesos actuales concluyan dentro de los plazos fijados y sin daños mayores, pero el problema de fondo sigue postergándose. La prueba se verá superada cuando se cuente con un sistema donde los mejores profesionales lleguen al servicio público o al menos aspiren llegar a él. Solo así los pesos y contrapesos dejarán de ser una ideal para convertirse en una verdadera garantía de los derechos individuales.
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