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Al grano
El Agua: es crucial que no gane la demagogia
El agua potable es escasa y cara porque no se invierte lo suficiente. Para que eso ocurra, se requiere de derechos definidos y reglas claras.
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El agua es un recurso vital para la vida humana, y su gestión adecuada debería ser una prioridad para todos los guatemaltecos. Sin embargo, el tratamiento del tema por parte de algunos políticos deja mucho que desear. Existen quienes abordan la cuestión con genuino interés y responsabilidad, pero también hay quienes, desde un enfoque demagógico, se aprovechan de la corrupción de ciertos empresarios y alcaldes para generalizar y afirmar que “todos” los empresarios actuarían de manera corrupta.
La realidad es que, en muchos barrios pobres de nuestras ciudades, la falta de inversión en la extracción, conservación, tratamiento y distribución del agua obliga a las familias a comprarla de camiones “pipa”. Esta situación es inaceptable y refleja un sistema ineficiente que no solo incrementa los costos para los consumidores, sino que puede superarse. Sin embargo, algunos políticos demagógicos utilizan este sufrimiento para justificar su agenda, argumentando que, debido a la corrupción de unos pocos, jamás se debería confiar el agua a los empresarios. Este razonamiento falaz les permite promover una iniciativa de Ley de Aguas que, en lugar de mejorar la situación, deja la gestión del ciclo del agua en manos de administraciones públicas que, en no pocos casos, son igualmente incompetentes y corruptas.
El escenario planteado es preocupante: un bien esencial como el agua no debería estar bajo el control de burocracias que han perdido la profesionalidad y la probidad que alguna vez tuvieron. En las últimas cuatro décadas, las administraciones públicas se han convertido en sindicatos estatales politizados, a menudo dejándose llevar por intereses que no son los de la ciudadanía. Esto crea un terreno fértil para que la corrupción prospere y para que se perpetúe un ciclo de ineficiencia en la gestión del agua.
El agua es demasiado importante para dejarla en manos de planteamientos sustentados en mera demagogia.
Mi propuesta es desarrollar un mercado del agua, similar a lo que se hizo con la energía eléctrica. Este mercado debería estar regido por reglas claras y contar con una agencia que, como árbitro independiente, garantice el cumplimiento de estas normativas. Esta agencia no solo aseguraría la transparencia en la gestión del agua, sino que también gestionaría la fijación de tarifas orientadas a coste más el valor añadido de distribución y las tarifas sociales para quienes no tengan posibilidad de cubrir el coste real del recurso.
Efectivamente, es crucial implementar una tarifa social para aquellos que actualmente deben pagar precios exorbitantes por el agua de los camiones pipa, los toneles y otros suministros ineficientes y dañinos a la salud. Un mercado adecuadamente regulado no solo haría el suministro más accesible, sino que también fomentaría un sistema de precios que refleje el verdadero costo de este recurso esencial, sin la intervención de actores corruptos que buscan lucrar a expensas de la población.
Es fundamental reconocer que, cuando las reglas son claras y transparentes, los inversores en la extracción, conservación, tratamiento, distribución y reciclaje del agua pueden operar con la seguridad de que recuperarán su inversión. En este contexto, los recursos se destinan de manera efectiva y eficiente, y los consumidores pueden pagar un precio justo que refleje el coste real del agua. Un mercado libre, regulado por un árbitro independiente, es la clave para garantizar que el acceso al agua sea sostenible y equitativo. Mientras en Guatemala no se pague el coste real del agua, seguiremos sub-invirtiendo y desperdiciando este recurso vital. Esto no excluye la posibilidad de una subvención subsidiaria del Estado; al contrario, como en el caso de la energía eléctrica, un mercado competitivo puede operar perfectamente con la subvención de una tarifa social.
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