Estados Unidos
A contraluz
El ataque de las redes político-criminales
El caos desatado en las prisiones y el asesinato de policías buscaban desestabilizar al gobierno.
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Tras los disturbios en las cárceles ocurridos el pasado domingo hubo mano criminal que buscaba desestabilizar al Gobierno. Poco a poco comenzó a comprenderse que no se trataba de simples motines de presidiarios, sino que había un trasfondo político. El objetivo era crear un clima de terror mediante el caos en las prisiones para culpar a las autoridades porque supuestamente la situación se les ha ido de las manos.
Las mafias están decididas a llegar hasta las últimas consecuencias para no perder el control del sistema judicial.
No es casual que buscaran incidir en un punto débil: el sistema penitenciario. Si bien el Gobierno remodeló El Infiernito, que pasó a denominarse Renovación 1, eso no implicó una transformación total. El problema es que las estructuras de corrupción continuaron intactas en presidios. Los líderes pandilleros son los amos de las cárceles y tienen la capacidad de dirigir sus acciones vandálicas en otros centros carcelarios.
Tras la revuelta aparecía el Lobo, capo de la Mara 18, que hunde sus tentáculos en la estructura partidaria de la Unidad Nacional de la Esperanza, ya que por algo es sobrino político de Sandra Torres. Con el fracaso de los motines y el Lobo bajo control de las autoridades, los criminales lanzaron ataques coordinados en varios puntos de la capital contra la Policía Nacional Civil, que dejó 10 agentes asesinados. Buscaban crear en la población la imagen de una administración inútil y a merced de la delincuencia.
¿Cómo entender que un delincuente común, como si fuera un prócer de la independencia, exigiera a gritos un golpe de Estado contra el presidente Bernardo Arévalo? Entonces, no se trataba de la exigencia de mejores condiciones carcelarias. No. Había un objetivo político contra las autoridades, lo cual comenzó a tomar cuerpo cuando una organización ultraderechista presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra el presidente Arévalo y los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa, Henry Sáenz.
Esa denuncia era nada menos que por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y terrorismo. Tal medida parecía tener la intención de atar de manos a las autoridades para que no pudieran hacer frente al embate de la criminalidad.
El MP, dirigido por Consuelo Porras, siguió al pie de la letra esa estrategia. Lejos de perseguir a las pandillas, optó por protegerlos. Ese fue el caso del pandillero Liro Rebelde, al que solo ligó por portación de armas y drogas, cuando en su teléfono había grabaciones relacionadas con los asesinatos de los policías. Esa actitud contrastó con la arremetida que ha tenido contra los exdirigentes de los 48 Cantones, a los que acusó de terrorismo por haber exigido en el 2023 el respeto al voto popular.
Cuando se unen las piezas en torno a los sucesos del pasado fin de semana, comienza a tomar forma un contubernio entre políticos y el crimen organizado. No es la primera vez que se observa la confluencia de intereses entre estos actores que buscan que continúe el clima de impunidad en el que han operado. Eso ya ocurrió cuando después de la segunda vuelta electoral intentaron evitar que Arévalo asumiera la Presidencia.
El objetivo actual va más allá de desestabilizar al Gobierno. Buscan incidir en las elecciones de segundo grado (Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público). Las redes político-criminales están decididas a llegar hasta las últimas consecuencias para no perder el control del sistema judicial, principalmente de la Fiscalía, que ha sido el nido de los criminales.
Por eso es fundamental que el presidente Arévalo combata esas estructuras político-criminales con todo el peso de la ley, para arrebatarles el control de la justicia.
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