Hace dos siglos todo estaba preparado para que se suscribiera un documento que certificaba el traspaso del monopolio político y económico de la corona española a la oligarquía criolla. La farsa de la independencia fue urdida por la poderosa familia Aycinena, interesada en que persistiera el statu quo que le permitía mantener sus privilegios. En el documento emancipador, redactado por Mariano y Juan José Aycinena, Pedro Molina, Mariano de Beltranena y José Francisco Barrundia, se consignaba que Gabino Gaínza, jefe político superior de la provincia de Guatemala, o sea representante del rey, se convertía en el primer presidente de la nueva república. De esa manera se garantizaba que, si bien se rompían los lazos de dependencia con España, se mantenían incólumes las estructuras de poder sobre las que se asentó la Colonia y en las cuales los pueblos indígenas no tenían los mismos derechos. Se había consumado la independencia para la oligarquía criolla, pero esa gesta no se extendía a los pueblos originarios, que continuaban bajo el yugo opresor.

La nueva patria no lo era para todos. Era una patria para los criollos, que ahora no tendrían que compartir la riqueza creada por el trabajo de los indígenas. Esa emergente élite carecía de una propuesta política alternativa a la Colonia y en principio instituyó la ciudadanía y la propiedad privada de la tierra, como forma de relación entre los habitantes y las instituciones del nuevo Estado. Pero ese principio no aplicaba a todos por igual. En el doble discurso republicano, el principio de ciudadanía universal, que supuestamente había eliminado las diferencias entre todos los habitantes del territorio nacional, fue cediendo ante los requerimientos de alentar la producción agraria para mejorar los ingresos económicos que se encontraban alicaídos.

Dentro del espíritu liberal se entendía que la nueva nación se desarrollaría a partir de la agricultura explotada en los latifundios. Pero si esas tierras no llegaban a producir la riqueza deseada no era por mala administración, las sequías o la falta de abono, sino que, según los criollos, se debía a que quienes estaban obligados a cultivarla, los indios, preferían vivir en el vicio y la vagancia en lugar de trabajar. De esta manera comenzó la construcción social del concepto de que el indio que no poseía tierras era un vago porque no producía riqueza. De acuerdo con Rojas Lima (1992), fue una construcción argumentativa basada en viejos prejuicios coloniales por los que los indios se asumían como “perezosos, indolentes, apáticos”. Para no tener ese calificativo debían tener “medios reconocidos y honrados de subsistencia”, como se definía a la propiedad privada. ¿Y cómo iban a tener tierra si se las habían despojado? Entonces, si no tenían propiedad privada no podían recibir el trato de ciudadanos y se comenzaron a promulgar leyes para obligarlos a trabajar, bajo el argumento de que eran “ociosos” o simplemente vagos.

Cojtí Cuxil (2005) indica que en 1829 la Asamblea Legislativa decretó la Ley contra la Vagancia, dedicada a los jornaleros y artesanos indígenas que estaban en la miseria y no tenían “medios de vida conocidos”, para obligarlos a trabajar en las fincas de la Costa Sur. Por ley, los propietarios de haciendas y labores podían pedir a los alcaldes que les consiguieran indios para tareas determinadas. Con este argumento legal, los indios eran prácticamente cazados los días domingo al salir de misa o en el parque, y para que no huyeran eran trasladados atados a las haciendas donde se requería su mano de obra. Este fue el verdadero rostro de esa gesta independentista. Por ello, no hay nada que celebrar en el bicentenario de una independencia que solo significó más expoliación y miseria para los pueblos originarios.