Cada cuatro años, con precisión matemático-legal, sostenemos una repetitiva y contumaz discusión social sobre cuál será la dupla más adecuada de candidatos presidenciales para administrar el país, amén de los diputados y alcaldes. Como los votantes no convergen en una suficiente mayoría que legitime cualquiera de las opciones, casi siempre la discusión se zanja tras seleccionar a los menos malos.

Al poco de acceder los electos al cargo —esto también es recurrente— se produce un enorme desencanto social porque las expectativas no se ven satisfechas y lejos de quedar ahí el problema, comienza la rampante corrupción en sus diferentes manifestaciones: obra pública, pactos sindicales, reparto presupuestario, compras sobrevaloradas, y un largo etcétera sobradamente conocido. ¿Por qué se reproduce sistemáticamente ese modelo? ¿Acaso todos los candidatos que elegimos llevan en su “genética política” el germen de la corrupción? La respuesta no es sencilla, salvo que aceptemos que hay un eje permanente y transversal a todos los gobiernos —o a la mayoría de ellos— que oculto e invisible actúa tras bambalinas y pudre el sistema.

Desde tiempos de la UNE, Gustavo Alejos se constituyó como un poder manipulador que continúa hasta la fecha, a pesar de los procesos abiertos en su contra. Las declaraciones de Sinibaldi y Valladares evidencian cómo un colectivo de diputados recibió dinero para aprobar leyes o tomar ciertas decisiones. Y no dejamos de ver denuncias y presencia de militares que, alejados de la milicia, realizan labores relacionadas con inteligencia, narcotráfico, maras y crimen organizado, entre otras. Todos ellos actúan concurrentemente, no siempre asociados, con el fin de perpetuarse y contar con el control real del país, por medio de acumular poder difuso, independientemente de quienes sean depositarios del poder legal.

El modelo es muy simple y efectivo. En época electoral prestan sus servicios a candidatos/partidos que requieren votantes, publicidad o atacar al contrario. Hemos visto por años utilizar el colectivo de los patrulleros de autodefensa como grupo de presión, pero también cómo ciertos personajes son capaces de movilizar departamentos y municipios con regalos, promesas, almuerzos, rifas y cuestiones similares. Cuando los apoyados por ellos son favorecidos con el voto —que es casi siempre— les reclaman espacios y el pago por la contribución preelectoral o bien chantajean y someten a las autoridades electas porque conocen perfectamente sus vidas, y las tienen documentadas. A partir de ahí se dispara la corruptela, el favoritismo, el nepotismo y el gobernante comienza a confrontar a la población que lo votó. ¿Le suena eso?

Quienes someten realmente el país integran un staff entre bastidores que concentra el poder y el control de los interruptores necesarios para ello. Quizá esa sea la razón del porqué nos “equivocamos” por décadas al elegir a unos u otros, y es que soslayamos que siempre están ahí los mismos mercenarios, aunque con el tiempo se han ido sofisticando y adaptando a los cambios.

La corruptela en puertos y aeropuertos sigue una línea de “tradición familiar”, al igual que el control de aduanas, pasaportes, migración, obra pública, proveeduría al Estado, ciertas universidades —especialmente la estatal—, colegio de abogados y notarios, municipios cercanos a la frontera, etc. Desmantelar esos grupos debería ser el objetivo político-judicial primordial de un candidato con mínimo grado de decencia política, aunque el problema no será encontrar al político, sino que esas fuerzas permitan que pueda ser elegido sin su apoyo, aquiescencia y permiso.

Ahí tiene un importante aspecto a considerar en su voto 2023. No a partidos que incluyan a mafiosos ni estén relacionados con ellos. Sea responsable y comience a asumir el destino del país.