Estados Unidos
Catalejo
El Congreso: verdadero enemigo institucional
La institucionalidad es fundamental para el estado de Derecho democrático. Su principal enemigo es el parlamento.
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La institucionalidad es el conjunto de normas, leyes y entidades reguladoras y limitantes del poder público en un estado de Derecho para el cumplimiento de un interés público. Entre las numerosas instituciones relacionadas con este concepto se encuentran el Congreso, el organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Constitución, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público. El parlamento y la presidencia, en teoría, son las más importantes porque su integración deriva de la voluntad popular manifestada por el voto en elecciones legales y ojalá beneficiosas. Sin embargo, en la práctica la generalidad de la población le otorga a la presidencia el lugar más alto, no al Congreso, cuya integración y accionar lo convierte en un enemigo institucional.
Desde hace algún tiempo en las redes sociales circulan mensajes, siempre cobardemente anónimos, para sugerir y sembrar la idea de hacerle cambios a la Constitución actual, mantenida pese a todo durante 42 años, luego de dos años de trabajo de constituyentes de diversos criterios ideológicos y partidistas. Ellos aprovecharon la oportunidad histórica de engendrar una Carta Magna digna como producto del esfuerzo de 88 ciudadanos responsables y valiosos, cuya calidad se afianza conforme pasan los años y su número disminuye por haber terminado su ciclo de vida. Es monumental la diferencia entre ellos y una abrumadora mayoría de integrantes de tres de los últimos organismos legislativos creados en las subsiguientes y cuestionables elecciones.
Señalar al Congreso de enemigo de la institucionalidad no es mala fe, sino muestra de la obligación ciudadana de ayudar a la interpretación correcta.
Ya muy pocos de ellos subsisten y en algunas ocasiones han manifestado su pesar por el mal uso e interpretaciones antojadizas, caprichosas o malintencionadas, conforme fue disminuyendo la intención de beneficiar a los guatemaltecos. Hubo cambios a 37 artículos el 30 de enero de 1994, como respuesta al fracasado autogolpe (“serranazo”), y en 1999 fracasó un intento de más cambios preparados en las sombras al rechazarlos la población participante en una consulta popular. El temor popular, mantenido ahora, es el de tasajear (apuñalar) el texto, eliminando leyes positivas pero inconvenientes para quienes integran los poderes fácticos, por ello no dispuestos a ceder sus beneficios, casi nunca adecuados para la generalidad ciudadana.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene relación con el Tribunal Supremo Electoral, porque comparten la posibilidad de decisiones fundamentales. Primero, hacer efectiva la calidad de supremo, por tanto independiente de toda institución del Estado o los partidos, al tenor del Diccionario de la Lengua Española, a la vez autoridad suprema de las palabras empleadas en los textos legales, como lo indica la Ley del Organismo Judicial en su artículo 10. Por eso, cualquier interpretación distinta prueba: a) desconocimiento de ese instrumento legal, o b) mala intención de engañar. El TSE simplemente aplica el idioma español, oficial del país. Además, si ha sido interpretada de manera distinta, es un error, y este no es fuente de Derecho.
Señalar al Congreso de enemigo de la institucionalidad no es mala fe, sino muestra de la obligación ciudadana de ayudar a la interpretación correcta. Esto se hace fundamentalmente por los abogados y magistrados, pero no es una tarea exclusiva de ellos. Al esconderse bajo la sombra de interpretaciones equivocadas, se suma al área de la fuente de Derecho señalada en el párrafo anterior. Lo mismo puede aplicarse en otros casos, como eliminar los documentos falsos de propiedad de un inmueble cuando el verdadero dueño llega ante un juez a presentar los papeles verdaderos. La escasa distancia entre hoy y la fecha de inicio de la campaña electoral obliga a actuar de inmediato para evitar pérdida de tiempo al no calificar de nulo ipso facto e ipso jure el robo del inmueble.
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