Estados Unidos
Catalejo
El conocimiento previo de aspirantes a cargos
No se puede seguir permitiendo el voto electoral por personajes desconocidos y fantasmales.
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De la misma manera como los aspirantes a la presidencia o las alcaldías necesitan ser conocidos como una condición previa desarrollada en la época de las campañas, los ciudadanos tienen el derecho de conocer quiénes son, cuál es el historial personal de los aspirantes a otros puestos de importancia, como las diputaciones, e instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, Contraloría de Cuentas, el Banco de Guatemala, la Universidad de san Carlos y otras entidades autónomas. Actualmente se les puede llamar como las instituciones de los fantasmas, y según el pintoresco refrán guatemalteco, “conocidos en su casa a la hora del almuerzo”. Algunos son pintorescos, extravagantes y con capacidades políticas francamente modestas.
La CSJ fue el escenario de un ejemplo de este tipo de casos, luego de ocho años de problemas innecesarios y causantes de desprestigio para la entidad. La abogada Jenny Alvarado afirmó haber sido “electa”, es decir escogida entre al menos dos aspirantes, pero al haberse propuesto ella misma sin otro aspirante, hizo de su llegada un nombramiento por unanimidad dispuesto por los otros cuatro integrantes. Es válido, pero está mal calificado por modestas capacidades idiomáticas. Tanto ella como los demás encajan en el desconocimiento popular y hasta en alguna parte del gremio de abogados. Esa entidad, vale la pena repetir, ha perdido buen nombre a causa de la lamentable situación anterior, por la cual este nombramiento tendrá una duración de un año.
El desconocimiento ciudadano de al menos un breve resumen profesional y personal de los aspirantes es uno de los motivos de ausencia de votantes en las elecciones, por desconfianza en los fallos de las entidades jurídicas. Ciertamente, son complicados los términos jurídicos, pero se pueden y se deben simplificar a fin de la comprensión de la mayor cantidad posible de ciudadanos. Esta tarea es fundamental para evitar el resultado peor: la certeza generalizada del uso de lenguaje oscuro, rebuscado. Esto beneficia a otros personajes, como los aspirantes a puestos a pesar de no tener capacidad, experiencia, por la duda o casi certeza de acciones ilegales y sobre todo incorrectas. A los politiqueros les conviene la participación escasa, al facilitar una victoria en primera vuelta.
Todo texto explicativo puede ser resumido a lenguaje común y de esa forma iniciar el camino hacia la comprensión y con ello a la participación.
Ante ese desconocimiento entre la población, quienes son electos por cualquier motivo necesitan darse a conocer o ampliar su currículum por medio de participación directa y constante en el Congreso, en los concejos ediles y demás participantes en las entidades antes señaladas, algunas de ellas muy técnicas y por ello difíciles de comprender en su totalidad en su verdadero significado. Sin embargo, todo texto explicativo puede ser resumido a lenguaje común y de esa forma iniciar el camino hacia la comprensión y con ello a la participación. Un país con un gobierno escogido por un 25% de los adultos empadronados llena los requisitos legales pero carece de representatividad: el 75% decidió no participar, es decir rechaza al sistema democrático.
Es necesario reiterar la urgencia de reducir el número de 30 partidos y aspirantes, así como otros integrándose. El Tribunal Supremo Electoral necesita cumplir con su tarea de contribuir a dos temas: reducir a los partidos de juguete autorizados y no aceptar a nuevos en formación. Esto recuerda algo: la valentía necesaria para llevar a cabo las posibilidades legales, en base a dos fuentes de decisión: el texto constitucional y el de la lengua española, por ser la oficial del país y por ello, en caso de duda, recurrir a sus definiciones. La explicación es corta y simple. De hecho, en Guatemala, la mayoría de veces se vota por desconocidos, se ignora si reparten cargos entre familiares o minigrupitos cuya meta es apoderarse de dineros públicos y abandonar sus verdaderos fines.
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