Estados Unidos
A contraluz
El orellanazo
De un plumazo, el juez Orellana quiere borrar las acciones criminales que Serrano Elías cometió con el autogolpe de 1993.
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A las seis de la mañana del 25 de mayo de 1993, la voz altisonante de Jorge Serrano Elías despertó a los guatemaltecos en forma abrupta. En una cadena nacional de radio y televisión, el entonces presidente leyó las “Normas temporales de gobierno”, con las cuales se inició la asonada golpista que cimbró las estructuras del Estado. De esa manera, emulaba el autogolpe de Alberto Fujimori, en Perú, un año antes.
El juez Orellana incurrió en instrumentalización de la justicia para favorecer a su aliado político.
Serrano Elías disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, además de remover al procurador de los Derechos Humanos. Impuso un estado de excepción que restringió el derecho de reunión y la libre locomoción. Roxana Baldetti, subsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia, dirigió la censura de prensa. Con un contingente de militares y policías se presentó a los medios periodísticos para revisar el contenido noticioso antes de que se publicara.
El autogolpe se precipitó porque, para satisfacer sus ambiciones, Serrano Elías había sobornado a diputados y jueces, quienes cada vez le pedían más. A ello se agregaba un ambiente de descontento popular, asesinatos de dirigentes populares y la exigencia de sectores civiles para que la Contraloría General de Cuentas investigara las finanzas del presidente, que se había enriquecido de manera desmedida en apenas dos años.
El colapso llegó por un amplio consenso ciudadano que tuvo su principal expresión una semana después cuando la Corte de Constitucionalidad declaró ilegítimas e inconstitucionales las disposiciones de Serrano. En la negociación, en la que participó el Ejército, se le permitió al golpista huir a Panamá, en lugar de haber sido encarcelado por los 13 delitos que cometió.
En los últimos años, Serrano Elías está activo en las redes sociales y su discurso se ha unido al coro ultraderechista que intenta la caída del presidente Bernardo Arévalo, al que califica de ilegítimo y producto de un fraude. Ese posicionamiento ha acercado a Serrano Elías al expresidente Alejandro Giammattei; la fiscal general, Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana, los operadores del pacto de corruptos más visibles.
De ahí que resulte sintomático de la descomposición del Organismo Judicial que le trasladaran el caso al juez Orellana, con una clara trayectoria de persecución contra el gobierno de Arévalo. Ni lento ni perezoso, Orellana favorece a Serrano Elías, quien, sospechosamente, mantiene sus mismas posiciones políticas. No existe, entonces, imparcialidad judicial.
De un plumazo, Orellana anuló las órdenes de captura que pesaban sobre Serrano Elías y de esa forma borró las acciones criminales que cometió, entre ellas, la violación a la Constitución, rebelión, usurpación de funciones y una desmedida corrupción.
La defensa de Serrano Elías alega que, por el tiempo transcurrido, la persecución penal ya prescribió. Sin embargo, los delitos contra la Constitución, por ser de naturaleza especial, no han vencido porque, cuando Serrano Elías huyó a Panamá, se interrumpió esa prescripción. O sea, en términos legales, el tiempo se detuvo en el momento en que se convirtió en prófugo de la justicia.
El juez Orellana ha incurrido en la instrumentalización de la justicia por utilizarla para favorecer a un aliado político. También es un fraude de ley porque quiere limpiar el historial criminal de Serrano Elías.
Por eso, ante la pasividad del Ministerio Público, en manos de Consuelo Porras, es importante que la Procuraduría General de la Nación impugne el oprobioso fallo del juez Orellana para evitar que deje impunes las acciones criminales que Serrano Elías cometió contra el Estado en 1993.
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