A apenas diez meses de haber tomado posesión, el presidente ha comenzado a mostrar su rostro de déspota. Se siente fortalecido porque cuenta con el apoyo de esa variopinta alianza de bancadas parlamentarias, unidas por la sed de saquear las arcas del Estado. O sea, no hay identidad política o ideológica de por medio, sino un interés de profundizar la toma del poder por parte de las mafias. La bestial represión desatada contra los manifestantes del sábado anterior no se habría efectuado si no hubiera tenido el visto bueno del mandatario. Tiene su sello personal. Solo de esa manera se puede entender el silencio que ha guardado el señor Alejandro Giammattei sobre ese brutal episodio que recuerda los peores días del conflicto armado interno. Así también se entiende que se regodee con esa enfermiza visión de considerar como comunismo a toda forma de crítica, lo cual comparte con el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y sus aliados en el Congreso. Es el rechazo a la opinión de los “comelones de frijoles”, como califica a la ciudadanía el diputado Esteban Barrios, del partido de Zury Ríos.

Comienza a salir a flote el perfil de dictadorzuelo tropical. Sino que lo digan los representantes de la cúpula empresarial que se reunieron esta semana con el presidente. Ante ellos estaba el arrogante señor Giammattei sentado en una silla como un rey, en un amplio salón, con todos sus ministros atrás. La escena buscaba el efecto deseado: dar la impresión de seguridad, de creerse dueño de todo. Con ese aplomo, el mandatario les dijo a los cacifes que qué iban a hacer ellos porque él tenía el control de todo el país, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Que él iba a gobernar para imponer el orden. Que el sector privado se definiera de una vez si estaba con él o contra él. Fue un montaje, igual que el incendio en el Congreso, que sirvió para justificar la arremetida violenta contra los manifestantes, porque hasta las armas tenían escondidas en los tragantes. El sector empresarial sabe lo peligroso que es para la economía del país el surgimiento de un régimen autoritario y tendrá gran responsabilidad si se fortalece con su respaldo.

Por eso es importante insistir en que el presupuesto no es el problema. Es solo un síntoma de la rapiña de las mafias que aqueja a un Estado fallido como el nuestro. Aun después de que el Congreso, en forma ilegal, reculara con ese plan de gastos del 2021, el llamado al diálogo no es auténtico porque no es representativo. El mandatario nunca tuvo la intención de que en esa búsqueda de consensos se incorporaran los representantes de los pueblos indígenas y sectores ciudadanos. Durante el proceso electoral pasado moderé un foro de candidatos presidenciales sobre su actitud hacia los pueblos indígenas. El señor Giammattei se llenó la boca afirmando que si llegaba a gobernar los escucharía y los haría partícipes de las políticas de Estado. Hoy, ese mismo señor, ya como presidente, ignora la petición de diálogo de los líderes indígenas de los 48 cantones de Totonicapán y del Parlamento Xinca.

Estamos frente a un acelerado proceso de consolidación de una dictadura de la corrupción y la impunidad. Es por eso que las bancadas aliadas a Giammattei intentan desaforar a los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, de la Corte de Constitucionalidad, que constituyen el último contrapeso institucional a los desmanes de las mafias. Igual quieren acallar a la prensa independiente, como lo hicieron el sábado anterior cuando atacaron en forma salvaje al fotoperiodista Carlos Sebastián cuando cumplía su labor como comunicador. El problema del dictadorzuelo de turno es que cree tener el control de todo, pero en la práctica no es más que un rehén de la coalición de partidos proimpunidad, que tiene vasos comunicantes con el crimen organizado.