Encuentro peculiarmente significativo que haya un consenso casi unánime en cuanto a la importancia crucial del agua para la vida humana y, sin embargo, en Guatemala y en otros países sea un recurso tan abusado, desperdiciado y contaminado. Es un contrasentido, pero solo en apariencia.

Me refiero a que las reglas que rigen la conservación, extracción, usos y distribución del agua y las diversas instituciones que debieran aplicarlas son, unas, ignoradas y, otras, inoperantes. En su lugar, consuetudinariamente, porque así ha sido siempre, operan innumerables prácticas y mecanismos que han originado el caos existente.

Del lado de las municipalidades, la gestión del agua y de los desechos líquidos y sólidos que la contaminan, el denominador común es desastroso. Con honrosas excepciones, las industrias y las explotaciones agropecuarias abusan del recurso y lo ensucian, y algo parecido ocurre con la actividad de la construcción.

Eso es consecuencia de que gran parte de los recursos acuíferos no tienen dueño; otra parte está disponible a un coste inferior del que corresponde y los que son del dominio público y están para uso común son gratuitos.

Para mí está claro que muchos de quienes lean este artículo ya han pensado algo como “ya viene este a proponer la privatización del agua”. Soy consciente, también, de que muchos opinan que el acceso al consumo de agua es un derecho humano fundamental. Y, precisamente por eso, el agua no puede extraerse, usarse, consumirse, etcétera, a un precio menor que su coste. Por supuesto, cualquier persona que carezca de recursos para pagar ese coste debe ser beneficiaria con algún tipo de subsidio.

Actualmente, las personas que, sea en pueblos o en chalets de fin de semana, viven o se recrean a las orillas de los lagos y los ríos, no pagan en forma de tributos al gobierno nacional o a los municipios el coste de evitar la contaminación de esos cuerpos de agua ni el coste de infraestructuras para el manejo de drenajes, aguas servidas, de desechos sólidos, etcétera. Tampoco pagan por su limpieza —prácticamente inexistente— ni por un sistema de policía para vigilar su uso racional.

Quienes abren pozos para condominios, edificios, urbanizaciones y proyectos parecidos incurren en los costes de extracción y distribución, pero no en el del recurso, y muchas municipalidades distribuyen agua a los vecinos a precios muy por debajo de su coste. Es así como, a la vez que hay habitantes que tienen que comprar el agua de distribuidores no supervisados que la llevan en toneles, a pocas cuadras hay quienes lavan un automóvil con una manguera a presión y otros riegan por horas con surtidores los verdes jardines de un edificio de apartamentos. Muchas veces en ambos casos se desperdicia el agua.

La clave de cualquier régimen legal que sustituya en el futuro al que ahora se ignora es que el uso, consumo, disfrute o aprovechamiento de los recursos acuíferos ocurran a precios que cubran su coste, preservación y disponibilidad para el futuro. En muchos casos, esto implica el reconocimiento de ciertos derechos exclusivos sobre el recurso, siempre y cuando el titular de los derechos haya pagado un precio que remunere todo lo indicado. En otros casos, cuando se trate de aguas del dominio público de uso común, el precio se pagará con tributos que cubran los costes de evitar la contaminación, preservar limpio el recurso, ejercer la función policial para salvaguardar su uso racional, etcétera.

Uno de los elementos principales de ese nuevo régimen tiene que ser el de los mecanismos de subsidio para quienes no tengan ingresos suficientes para pagar el precio del recurso y, por supuesto, ese subsidio tendría que ser sufragado por los demás consumidores del recurso. Al ser, literalmente, millones de personas, es perfectamente manejable.