Conciencia
Entre pactos y privilegios, se olvidan los alumnos
En el Estado se está creando una burocracia sin calidades ni competencias, basada en privilegios negociados y antigüedad.
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El pasado 30 de abril, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció un aumento salarial y de bonos para docentes y personal administrativo, una acción de inconstitucionalidad contra artículos del pacto colectivo vigente y la continuidad de la negociación con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Requerimos de un sistema educativo que se enfoque en el aprendizaje y valore el esfuerzo.
Impresiona que se repartan fondos públicos tras bambalinas cuando es inconstitucional. La negociación de este pacto ha sido opaca desde el inicio. La exministra aceptó la solicitud del sindicato de mantener el contenido “en reserva”, práctica que continúa en esta administración. Hasta ahora se conocen las actas hasta febrero 2025 (acta 38), pero ya van por la 43. No hay respuesta a las solicitudes de información, por lo que se desconoce qué motivó la reacción unilateral de la ministra.
Los pactos colectivos presentan serios desafíos. Primero, debilitan la tecnocracia. Se otorgan beneficios sin respaldo técnico ni evaluación de desempeño. Segundo, desequilibran las finanzas. La masa salarial crece sin control. Tercero, prevalecen sobre leyes como la de Servicio Civil.
Todo esto ocurre porque no existe una ley específica que regule los pactos colectivos en el sector público. Se aplican normas del ámbito privado, donde hay patrono y trabajador, pero aquí ambos son funcionarios.
El caso del Mineduc lo ilustra. Desde 2008, cada gobierno ha cedido más: aumentos, bonificaciones y, lo más grave, decisiones que deberían ser exclusivas del Ministerio. El STEG pasó de ser actor laboral a cogobernante. Participa en contrataciones, traslados y políticas. Por eso es clave que el Ministerio, junto a la Procuraduría General de la Nación, presenten la acción ante la Corte de Constitucionalidad. Recuperar la rectoría no es negociable. Acción legal necesaria, aunque tardía. El pacto se negocia desde hace más de un año. ¿Por qué se esperó tanto? De acuerdo con la ley, los sindicatos deben participar, pero desde el rol que les corresponde.
El aumento anunciado de 5% anual a los maestros y 20% de los bonos, y Q400 mensuales a los administrativos, costará más de Q1 mil millones anuales; una oportunidad para impulsar el cambio. Esos recursos pudieron dirigirse a formación docente, materiales innovadores, tecnología en el aula y prácticas educativas efectivas. También al diseño de bonos por resultados. Los incentivos deben ir ligados al desempeño. Seguir con aumentos generalizados sin mérito no mejorará el aprendizaje de los alumnos.
El dirigente del STEG reaccionó amenazante, pero deberá mantenerse en la mesa de negociación o irse a los tribunales; paralizar la educación sería una medida ilegal. Aun así, vendrán presiones. La ministra debe liderar con firmeza esta reacción y ajustarla a la ley. Postura que la mayoría de la población avalaría.
Guatemala necesita una reforma que ponga límites a los pactos, fortalezca la autoridad institucional y reinstale el mérito como principio rector. Países como Uruguay y Colombia ya han dado pasos importantes. Uruguay cuenta con una ley desde el año 2009 que regula la negociación colectiva por medio de un Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público. Colombia delimitó con claridad los alcances de los sindicatos en el sector público por medio del decreto 1092 de 2012, hoy decreto 1072 de 2015. No se trata de excluir a los sindicatos, sino de acotar su función.
En el ámbito educativo, este es el momento de pensar en serio en el futuro. Es tiempo de actuar con visión, romper inercias y construir un sistema que premie el esfuerzo y eleve la calidad. ¡Urge que las escuelas sean espacios de aprendizaje real y de oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes de Guatemala!
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