Estados Unidos
Mirador
Huité: las redes antes que el gobierno
En comunicación, la incertidumbre reconocida puede conservar la credibilidad, pero una afirmación falsa o precipitada la cuestiona y destruye.
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Hay una máxima en comunicación: “Di lo que tengas que decir antes de que otros digan lo que ellos quieran”. Significa adelantarse, definir las reglas del juego o simplemente no permitir que otros distorsionen tu verdad o tu mensaje. En los sucesos de Huité ocurrió lo contrario. Mientras el gobierno y el Ministerio de la Defensa intentaban manipular lo sucedido, comentarios y videos en redes sociales contaban otra historia opuesta.
Se pudo conocer, en tiempo real, movimientos de hombres armados, vehículos militares y distintos momentos de una jornada que terminó con ocho muertos. El Ministerio Público procesó varias escenas y recogió indicios, pero las redes hicieron algo que antes resultaba más difícil: confrontaron inmediatamente la versión oficial con evidencia visual. Y aunque Defensa sostuvo inicialmente que sus unidades llegaron después de iniciados los hechos y que no ingresaron en Huité, los videos muestran a militares disparando en un control en el que fallecieron tres mujeres. Más tarde reconocieron que los vehículos J8 y los camiones con soldados que aparecían en las imágenes pertenecían al Ejército, aunque mantuvieron que no habían ingresado al municipio. Finalmente, el presidente admitió la presencia de unidades militares y ordenó conformar una comisión para investigar su actuación. Ese cambio de versiones produjo un daño adicional: la pérdida de la credibilidad y la iniciativa comunicacional.
Cuando una institución no sabe exactamente qué ocurrió, puede decirlo y anunciar que se están verificando hechos, lo que es mucho más responsable que formular una negación categórica que horas después es contradicha. En comunicación, la incertidumbre reconocida puede conservar la credibilidad, pero una afirmación falsa o precipitada la cuestiona y destruye.
La comisión interna de Defensa ya comenzó sus averiguaciones, pero hasta ahora no se ha informado qué unidades o mandos están siendo investigados ni existe un plazo para presentar el informe. Y aunque el silencio no demuestra un encubrimiento, inevitablemente alimenta la sospecha. Cuanto más tiempo transcurra, más difícil será recuperar la confianza perdida en instituciones como el Ejército y la Policía que, a pesar de estar a unos 300 metros de algunas escenas, nunca intervinieron. ¿Por qué?, se preguntará usted.
Tampoco debemos cometer el error de convertir una actuación específica en una descalificación de toda una institución; no podemos exigir instituciones perfectas en sociedades imperfectas.
Sorprende igualmente el silencio político y social. ¿Dónde están los diputados, partidos y organizaciones que habitualmente levantan la voz ante hechos de esta naturaleza? Puede ser por interés, desconocimiento, prudencia o cobardía, pero vuelve a manifestarse una vieja característica nacional: la indignación selectiva y la desconexión con lo que sucede lejos del centro político del país. La izquierda, los organismos internacionales y algunos defensores de DD. HH. nunca previeron tener que guardar silencio ante muertes durante un gobierno afín. Siempre, prestos a protestar; hoy están silenciosos y complacientes. La coherencia se demuestra cuando gobiernan los propios ¡Hipócritas y manipuladores siempre!
Tampoco debemos cometer el error de convertir una actuación específica en una descalificación de toda una institución; no podemos exigir instituciones perfectas en sociedades imperfectas. Con aciertos y errores, el Ejército ha sido utilizado por todos los gobiernos democráticos para cubrir necesidades que otras instituciones del Estado no siempre han podido atender. Por eso, investigar sobre los sucesos ocurridos en Huité no deslegitima al Ejército. Si hubo una operación fallida, hay que reconocerla. Si existieron errores de planificación, mando o ejecución, deben establecerse. Y si determinados militares tuvieron responsabilidad en las muertes, también deberá demostrarse, y sancionarse en su caso.
En todo caso, las redes sociales han cambiado definitivamente la ecuación. El Estado ya no controla la primera versión simplemente porque controle el comunicado oficial. Cualquier ciudadano con un teléfono puede registrar aquello que después alguien intentará negar.
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