Estados Unidos
de mis notas
La Antigua: ¿cámaras para seguridad o para multar?
El turista cambia de destino con la misma facilidad con que cambia de filtro en Instagram.
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Antigua no se vende sola. No basta con el encanto de ruinas centenarias en medio de cafetales y volcanes. Se vende la sensación de que uno puede comprar, comer, caminar y volver al hotel sin convertir la noche en una experiencia amarga. Por eso el pleito por la videovigilancia es una discusión crítica sobre el corazón económico de la ciudad.
El sector privado lo entendió antes y mejor que la politiquería. Más de 60 empresas, según FundAntigua, pusieron dinero y gestión para levantar un sistema robusto: cámaras de alta resolución, lectores de placas, botones de pánico y un centro de monitoreo pensado para coordinar emergencias con la PNC y cuerpos de socorro. No era un capricho “tecnológico”; era una respuesta a la realidad: si la seguridad falla, el turista cambia de destino con la misma facilidad con que cambia de filtro en Instagram.
Funciones como reloj suizo hasta que el alcalde comenzó a cambiar las prioridades. La FundAntigua declaró: “la Municipalidad se alejó del objetivo principal —seguridad preventiva— y empezó a usar el sistema para “colocar multas”, además de cambiar personal especializado y dejar de asistir a las mesas de seguridad. Cuando una herramienta diseñada para ganarle al crimen se convierte en una máquina de recaudación, lo que queda son ansias de repartir sopapos… Porque sin seguridad, no hay turismo.
El análisis de los hechos es claro. La iniciativa privada no está pidiendo favores. Está defendiendo una inversión y un método. Su argumento es técnico: “protocolos, operadores entrenados, mantenimiento, indicadores y coordinación real. La seguridad no se improvisa con discursos; se opera con turnos, bitácoras y decisiones que no cambian según la agenda del día”. En ese sentido, su postura se centra en resultados medibles, no en control político.
La seguridad es el corazón económico de la Antigua, no las multas de tráfico.
La municipalidad, por su parte, habla de “información sensible” y de fiscalización pública; y en abstracto tiene razón. Ninguna ciudad debería ser vigilada como si fuera propiedad privada. Pero fiscalizar no es apropiarse, ni manejar datos es usarlos como palanca para multas. Lo que necesita Antigua es lo obvio: reglas, separación de funciones y un modelo que no se rompa cada vez que alguien descubre que una cámara también puede servir para multar.
La solución práctica existe y no es rochet science: Un esquema tripartito. Que el Estado asuma lo que le toca (seguridad pública y cadena de custodia), que el municipio se encargue de coordinar, prevenir y orden urbano, y que el sector privado siga apoyando con financiamiento, tecnología y estándares operativos. “Un directorio pequeño, auditoría externa, bitácoras de acceso, retención definida de video y un tablero público mensual con porcentaje de cámaras activas, tiempos de respuesta, incidentes atendidos y mantenimiento preventivo, con auditorías sorpresivas”.
Además, el convenio debe prohibir expresamente el uso recaudatorio del sistema, salvo en carriles separados y auditados. Si tránsito quiere multar, que lo haga con su propia plataforma. Y, sobre todo, un principio vital, la seguridad es “prioritaria”; luego, lo demás. Si el sistema detecta un asalto, no puede estar ocupado captando placas para engordar caja municipal. La ironía es que la ciudad que vive del visitante no puede tratar al visitante como infractor potencial. Antigua necesita cámaras que protejan, no cámaras que cobren.
Recordemos: en turismo, el daño más caro no es el delito, sino la percepción de caos. Por eso conviene escuchar a quienes ya invirtieron más de un millón de dólares en prevenirlo; y porque su incentivo es el mismo que el de la ciudad: que la gente venga, se sienta segura… y regrese.
Fuentes (declaraciones y datos públicos): Prensa Libre (26 nov 2025; 23 dic 2025). La Hora (30 dic 2025).
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