Estados Unidos
Columnas Diarias
La arquitectura del despojo
La tragedia de nuestra democracia es que nos permite votar, pero no elegir.
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En 1986, el país celebró el retorno a la democracia como quien abre ventanas tras un largo encierro. Hoy vivimos bajo la ilusión de un progreso político y social que no existe. Creímos que la democracia era el destino, cuando en realidad solo es el escenario. Enfrentamos la consolidación de instituciones extractivas que perfeccionan el arte de devorar el futuro en nombre del bienestar común. La Constitución de 1985, concebida para protegernos de la tiranía, fue convertida en el manual operativo de un nuevo autoritarismo: el de estructuras cooptadas y blindadas ante cualquier intento de reforma.
El Congreso, diseñado para servir, es hoy un andamiaje que transforma esperanzas en contratos a dedo, plazas fantasmas y burocracia improductiva. La emergencia dejó de ser metáfora: se palpa en las calles, en la migración masiva y en la sensación de habitar un país que expulsa a quienes no tienen conexiones políticas. Presumimos estabilidad macroeconómica mientras exportamos a nuestros hijos. Confundimos el crecimiento del PIB con la salud de la Nación, ignorando que puede expandirse incluso cuando la sociedad se desmorona, siempre que el intercambio de rentas entre élites políticas y financistas siga funcionando sin fricciones.
La tragedia de nuestra democracia es que nos permite votar, pero no elegir. Cambiamos de rostros cada cuatro años, pero el esqueleto del Estado permanece intacto, protegido por un diseño institucional que premia la lealtad interna y castiga el mérito. La ficción de las elecciones libres permite que los partidos impongan candidatos mediante listas cerradas. Funcionan como franquicias en un sistema que fiscaliza al ciudadano mientras protege la ineficiencia de los amigos del régimen. Es un autoritarismo político: un modelo donde el éxito no depende del esfuerzo, sino de la capacidad de negociar con el intermediario estatal.
La emergencia dejó de ser metáfora: se palpa en las calles, en la migración masiva y en la sensación de habitar un país que expulsa a quienes no tienen conexiones políticas.
Los acontecimientos recientes lo confirman. La segunda vuelta en el Cang, interrumpida por allanamientos del MP en centros de votación, mostró hasta qué punto la disputa por el control de las cortes se libra sin pudor y sin reglas. Que fiscales irrumpan en un proceso electoral en curso revela que el Pacto ya no disimula su intervención cuando sus intereses están en juego, incluso si el proceso termina completándose. La elección fue finalmente oficializada, señal de que el control absoluto empieza a resquebrajarse. Mientras tanto, el Ejecutivo ya abrió su convocatoria, el Congreso recibe expedientes hasta el 20 de febrero y la CSJ planea su pleno extraordinario para finales de mes. Cada institución mueve sus piezas como si el sistema de justicia fuera un tablero ajustable según conveniencia.
La triple renovación prevista para 2026 —TSE, CC y Ministerio Público— debería ser una oportunidad para reconstruir legitimidad, pero hoy sigue siendo un campo minado. El Cang logró completar su elección y muestra que no todo está capturado, pero no despeja la disputa por el control del sistema de justicia. La arquitectura del despojo no solo persiste: se perfecciona.
A cuarenta años de vigencia constitucional, Guatemala debe admitir que es un edificio con cimientos de barro y que solo puede reconstruirse desde la Constitución. No necesitamos pintura en las fachadas; necesitamos una auditoría de nuestra libertad. Mientras aceptemos que el Estado administre, sin supervisión, nuestro bienestar, seguiremos siendo súbditos de una decadencia que alimentamos con nuestro silencio. La emergencia no es un futuro posible: es la realidad que ya nos consume y que solo podremos revertir si decidimos reconstruir, desde abajo, la arquitectura de la República.
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