El Pacto de Corruptos redobló el contra-ataque. Una vez controlado el MP con el nombramiento de Consuelo Porras y neutralizadas las altas cortes, inició la persecución en contra de las cabezas visibles de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Las mismas artimañas que han utilizado para criminalizar a las autoridades ancestrales y a los líderes y lideresas de los pueblos indígenas que defienden sus tierras, territorios y recursos naturales están usando ahora para terminar con la “disidencia”.

El cierre de la Cicig y el descabezamiento de la Feci son parte de un plan más amplio que busca no solamente frenar las investigaciones y procesos judiciales por casos de gran corrupción y beneficiar a quienes están implicados -la salida de prisión del exdiputado del PP, Gudy Rivera, es un buen ejemplo- sino también purgar a quienes se atrevieron a llevar adelante los casos.

En el MP: El despido ilegal y arbitrario del fiscal Juan Francisco Sandoval y la arremetida contra su equipo. El traslado de expedientes para tener control de las pesquisas y evitar tocar a los “amigos y aliados”. El cambio de fiscales y otros funcionarios que estaban realizando investigaciones en casos de alto impacto para meterlos en el congelador, como sucedió con el auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón que llevaba las investigaciones del Instituto de la Víctima que dirige la exdiputada Alejandra Carrillo. O la negativa de Consuelo Porras de atender la solicitud de las juezas Yassmín Barrios y Erika Aifán y los jueces Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul de desestimar denuncias espurias en su contra que llevan años sin movimiento y se utilizan como mecanismo de hostigamiento. En el OJ: Se admiten querellas penales infundadas contra jueces y juezas independientes para quitarles la inmunidad y que sean procesados y/o retirados de sus cargos. Se desestiman denuncias contra el personal de los juzgados que ha filtrado información y sustraído folios de expedientes judiciales. Y cuando se da trámite a procesos disciplinarios y se comprueba que han cometido faltas graves que ameritan destitución, se opta solamente por trasladarlos a otros juzgados.

Pero la criminalización y los ataques alcanzan también a referentes de organizaciones y movimientos sociales que tienen un rol activo en la movilización y la participación ciudadana o que han interpuesto acciones legales para frenar los abusos y arbitrariedades cometidas por diputados o funcionarios de gobierno.

La estrategia ha sido la fabricación de casos penales y denuncias espurias que, aunque no tienen sustento, también se mantienen abiertas como forma de presión y amenaza. Al igual que sucede en los procesos judiciales contra dirigentes de los movimientos de resistencia a los megaproyectos como Bernardo Caal, se buscan delitos graves que no tienen medida sustitutiva para armar la acusación.

La criminalización va acompañada de campañas de desprestigio, desinformación y calumnias contra las personas y sus organizaciones. Causa un impacto negativo a nivel individual, familiar y social y busca silenciar y paralizar la labor que se realiza en defensa de los derechos y libertades ciudadanas. Se trata de dar una lección “ejemplificante” para generar temor y disuadir la participación y movilización social.

Este domingo la organización interreligiosa Centinelas, que ha tenido un rol protagónico en las protestas contra la impunidad, denunció la persecución arbitraria contra uno de sus integrantes. “Sin pruebas científicas, sin investigación sustentada y de forma maliciosa el MP emitió orden de captura contra uno de nuestros compañeros junto a 14 personas más, entre las que destacan quienes han investigado casos de alta corrupción o se manifiestan contra ella”.

En resumen: la criminalización como venganza.