Todo funcionario está expuesto al escrutinio público, porque devenga un salario que proviene de nuestros bolsillos.

El miércoles pasado se conoció un comunicado del ingeniero Luis Miguel Martínez, director de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, en el que afirma que su familia ha sufrido extorsiones y amenazas, incluso en contra de su propia vida. Asegura que sus familiares han sido acosados, vilipendiados y agredidos en redes sociales, lo cual ha vulnerado su privacidad, pese a que no ejercen ningún cargo público. En ese contexto, señala a un medio periodístico de formar parte de esas acciones criminales: “Mi familia se ha visto en la necesidad de presentar una nueva denuncia penal por acoso, amenaza y extorsión proveniente del medio de comunicación Plaza Pública”. Este pronunciamiento es preocupante, no solo por los serios señalamientos, sino por provenir de un alto funcionario del gobierno de Giammattei. Sobre todo, porque califica de realizar “deleznables actos” a los reporteros de ese medio, a los cuales responsabiliza de cualquier ataque a la integridad, daño físico y psicológico a él y su familia.

Por supuesto que Martínez está en todo su derecho de denunciar hechos graves como extorsiones y amenazas contra su núcleo familiar, lo cual asiste a todo ciudadano. Pero de eso a asegurar que un medio periodístico comete ese tipo de actos criminales hay una gran diferencia. Debo decir que es primera vez que veo un comunicado de un funcionario gubernamental con graves acusaciones y que califique la labor periodística como un acto criminal, porque eso implica que los periodistas de Plaza Pública son delincuentes. En lo personal conozco la labor de ese medio de comunicación, que pertenece a la Universidad Rafael Landívar. Me extraña el señalamiento porque Plaza Pública se ha caracterizado como un medio que impulsa el periodismo investigativo, sin presiones de tiempo y con un alto nivel de profesionalismo. Por ello, habría que buscar otras razones para el malestar del funcionario.

El mismo miércoles, Plaza Pública publicó la nota “Una empresa que une a Giammattei con Miguel Martínez”, firmada por el periodista Pavel Gerardo Vega, y e ntonces cobra sentido el malestar del aludido. Resulta que esta historia revela cómo desde hace varios años el presidente y Martínez mantienen vínculos con una empresa, de la cual este último es el representante legal. El problema es que esa empresa no existe en la dirección legal registrada, en la que hay una clínica de rehabilitación y fisioterapia. Aunque Plaza Pública no lo dice, pero estaríamos ante un caso de una empresa fantasma, de la cual se desconoce qué tipo de actividades efectúa. Además, que uno de los socios fundadores es Luis Alfredo Pineda, exfinancista del partido Vamos, excandidato a diputado y actual director del Registro de la Propiedad. En esta nota informativa yo no veo ninguna actividad criminal, a menos que para Martínez sea criminal hacer este tipo de investigaciones periodísticas.

No es la primera vez que funcionarios de este gobierno atacan a la prensa independiente. El propio presidente Giammattei se ha dado a la tarea de mostrar su molestia por investigaciones periodísticas y ha obstaculizado la labor de los reporteros. El artículo 35 de la Constitución Política señala que no constituyen delito las publicaciones con denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios por actos efectuados en ejercicio de sus cargos. Las acusaciones de Martínez son graves porque está criminalizando la labor periodística desde la comodidad que le da ser ahora una especie de superministro, que incluso le ha restado espacio al vicepresidente. Mientras Martínez sea funcionario público está expuesto al escrutinio público, le guste o no le guste, y este gobierno debe respetar el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento.