Sandra Torres está malacostumbrada a intimidar y atemorizar en demasía, según cuentan quienes la padecieron durante el gobierno de la UNE, aunque muchos no se atrevieron a enfrentarla como consecuencia de ese miedo nacional que acobarda y silencia. Recuerdo cuando me escribió a mi correo personal —que no era público— para reprocharme una crítica que le hice en relación a que nadie la había elegido para ostentar el poder real que ejercía en el gobierno de Colom. Entendí el mensaje intimidatorio que me mandó, pero creo que ella no interpretó mi respuesta: topó en hueso.

No es la primera vez de un actuar opresor. Álvaro Arzú llegó a cerrar la revista Crónica; Baldizón —¡sí, el de la UNE!— creó sus propios medios para difamar, amedrentar y descalificar al mejor estilo orwelliano, aunque ahora debate con el FBI sobre serios asuntos judiciales; Rossana Baldetti, actualmente procesada, encarcelada y pendiente de extradición, usó la ley contra el femicidio para zafarse de críticas. Todos ellos tienen un funesto eje transversal común: el autoritarismo. La libertad de expresión es un derecho que nadie debe cercenar, particularmente a quienes describen actitudes y comportamientos de aquellos que nos gobiernan o aspiran a ello. El político no gusta de ser señalado o criticado cuando su gestión no es buena, no digamos cuando raya con el delito o está inmerso en él.

Sandra Torres está irritada, cáustica —abrasiva, dirían los USA—, porque este es su tercer intento de llegar a la Presidencia de la República y, además de deber muchas facturas políticas y otros tantos favores, no las tiene todas consigo. Necesita suprimir críticas, impedir que la CC levante su inmunidad para ser investigada por delitos que le endilga el MP y que no se le publiquen nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. Quiere presentarse impoluta —de “pura lana virgen”— y pasa como aplanadora por encima de quien haga falta y al precio que sea necesario, libertades individuales incluidas. Las denuncias espurias y fuera de lugar por femicidio, promovidas por la aspirante presidencial contra dos fiscales del MP y seis editores de elPeriodico, muestran hasta qué punto la ruindad es un arma. Lo preocupante, no obstante, no es su actitud despótica, sino la de los jueces que se avienen a ratificar sus barbaridades.

Los ciudadanos, especialmente quienes señalamos la falta de ética y la moral relajada de ciertos personajes, no debemos callar lo que consideramos debe conocer la población para tomar decisiones informadas. La candidata Torres cometió, como dijeron los tribunales, fraude de ley al divorciarse de su entonces esposo, Álvaro Colom, con un único fin: llegar al poder. Un acto —le guste oírlo o no— absolutamente reprobable, inmoral y manipulador que denota la personalidad de quien lo lleva a cabo, y en el ejercicio de la libertad de expresión, podemos y debemos recordarlo continuamente para no lamentarnos después de que llegue al poder —si lo consigue— y termine con las libertades que ahora medio disfrutamos.

Señora Torres: usted es un peligro nacional para la democracia y la libertad, aunque lo haya ignorado el Consejo Nacional de Seguridad, y hay suficientes informes y testimonios de cómo actúa, con quiénes se ha relacionado, qué tipo de amistades ha cultivado y las deudas políticas que procura paguemos los ciudadanos. Pretende perturbarnos con sus acciones, sin admitir quién es realmente la perturbada y si actúa así de postulante, es fácil imaginar lo que podría hacer desde el poder. Triste que mientras en el continente estamos saliendo de Venezuela y Nicaragua, por aquí se perfile un relevo sofisticado de esos tiranos.