Registro akásico

La grima nos alcanza

La seguridad pública necesitada de ajustes, nuevos modelos y bajar alarmismo.

Frente a la sevicia asesina contra uniformados se vive emotivamente un luto nacional. La juventud de estos hombres y mujeres enluta a la nación, así como conmueve a los altos dignatarios. La bajeza de miras de los autores lleva a consideraciones sobre modificar el precepto constitucional de excluir a los menores de las regulaciones penales. El Salvador ya lo realizó como una respuesta al envilecimiento de una juventud sin progenitores ni guía moral. Pero, hay otros asuntos a considerar.

La confianza en las fuerzas de seguridad para enfrentar los ataques pandilleros provoca serenidad.

Es evidente que el sistema carcelario está mal diseñado. Una herencia de un siglo, donde el gobierno de los centros de detención se encarga a los mismos privados de libertad. Se desconocen las cámaras de circuito cerrado, las cerraduras de control remoto, las celdas pequeñas en pasillos con actividades por turnos, las visitas a través de un vidrio y comunicación telefónica interna que se graba. En cambio, la mentalidad de ergástula prima aquí. Se acusa al exministro de Gobernación de pactar con las pandillas terroristas. Se permitía decir que los funcionarios pasados eran responsables del estado de la seguridad, cuando él mismo había ocupado ese cargo. Los presidios, además de escuelas del crimen, son las oficinas de coordinación de la extorsión, los asaltos y el narcomenudeo. En México, se les llama Centros de Reinserción Social, lo que se mal acostumbra a escribir el acrónimo de Cereso, pero lo atendible es la presencia de juzgados en un módulo aparte de los mismos. De esa cuenta, no hay fugas ni

traslados y hasta se ahorra gasolina. No se hable del presidente Bukele, porque cuando presentaba a los detenidos de El Salvador, en pantaloneta, se anunció en el país la institucionalización de un uniforme de presidios. Solo quedó el anuncio. Igual, no se ha indicado la manera como se fugaron 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18.

Aparte de la vulnerabilidad del sistema, que es obvia, la inteligencia civil debe indicar la dimensión de la amenaza para cálculo del tamaño de los desórdenes; en cambio, la ministra de Educación suspende las clases en toda la República. Hasta autoridades religiosas contribuyen a ampliar la sensación de vulnerabilidad. Cierto, se trata de eventos terribles, pero la pregunta es la necesidad del alarmismo. Los noticieros internacionales necesitados de escándalos, multiplican la noticia. Nada de datos objetivos, descripciones generales para formar una imagen de país inseguro, no apto para la inversión. La cadena nacional muestra un presidente serio y calmo, pero la labor de descrédito está hecha por adláteres.

Es lamentable la atención obtenida por algunos difusores en canales de internet. A mayor grado de amarillismo y explicaciones fabulosas, más reenvíos en las plataformas de comunicación. El colmo es el descenso de la politiquería a niveles de calumnia e invenciones sin pruebas. Se degrada la convivencia y se envenenan los procesos de decisión ciudadana. Las campañas para la sustitución de autoridades: magistrados del TSE, de la Corte de Constitucionalidad, del fiscal general, del rector de la Usac, de la superintendencia bancaria y Banco de Guatemala o del contralor general son aderezadas con rumores, bandos maléficos y catervas de facciones perniciosas.

Solo cabe confiar en la prudencia ciudadana y en el sentido común. Para vencer a las pandillas criminales se necesita confiar en las instituciones, en el régimen de legalidad y en las fuerzas de seguridad. No debiese haber lugar para desmemoriados. Rechazar a los candidatos que lanzan bulos para alcanzar puestos donde con iguales mentiras taparán actos de peculado.

ESCRITO POR:

Antonio Mosquera Aguilar

Doctor en Dinámica Humana por la Universidad Mariano Gálvez. Asesor jurídico de los refugiados guatemaltecos en México durante el enfrentamiento armado. Profesor de Universidad Regional y Universidad Galileo.