Estados Unidos
Al grano
La inalcanzable frontera del servicio civil profesional
Líderes empresariales, dirigentes parlamentarios, comentaristas y políticos de oposición claman al cielo por esas infraestructuras que nunca llegan: ¿qué pasa?
|
En El corredor estrecho, Daron Acemoglu y James Robinson exponen con lucidez cómo la centralización del Estado y el fortalecimiento de su capacidad administrativa no surgieron como meros instrumentos de dominación. Con el paso de los siglos, la articulación de un Estado capaz permitió atenuar la arbitrariedad de los dogmas locales y embridar al poder absoluto. Allí donde el absolutismo cedió paso a instituciones participativas y el consentimiento de los gobernados se convirtió en la base de la legitimidad, la administración pública se transformó en la columna vertebral de la modernidad.
Ignorar la importancia de administraciones públicas profesionales y de sofisticación técnica y administrativa es un error craso y costoso.
Este proceso no fue uniforme ni exento de desvíos. En regímenes autoritarios, la burocracia sirvió —y sirve— como un aparato de control y sometimiento social. Sin embargo, en los países donde la democracia echó raíces, el desarrollo de un servicio civil meritocrático resultó ser una condición indispensable para el progreso.
Inglaterra, con su tradición de función pública imparcial y profesional, o Francia, cuya administración se estructuró bajo los principios del derecho administrativo moldeados fallo a fallo por el célebre Conseil d’État, comprendieron una verdad fundamental: un país no puede desarrollarse sin una burocracia profesional. Estas administraciones se convirtieron en instrumentos clave para dinamizar la economía, proteger los derechos de los administrados y garantizar la continuidad institucional más allá de los vaivenes de la política electoral.
Esa arquitectura pública profesional, regida estrictamente por el principio de legalidad y blindada del patrocinio político, ofreció a los ciudadanos servicios eficaces, previsibilidad jurídica y reglas claras. La carrera administrativa garantizó que el mérito y la capacidad, y no la lealtad partidaria, fueran el criterio para servir al Estado.
En Guatemala, el diagnóstico exige honestidad crítica. Las élites políticas, económicas y sociales deben comprender de una vez por todas que ese modelo aquí solo existe en el papel. Contamos con un marco legal de servicio civil que opera únicamente en una dimensión formal, pero que en lo sustancial y material está profundamente erosionado. Poco a poco, la dogmática del derecho laboral del ámbito privado, que no tiene lugar ni cabida en las relaciones entre los órganos y entidades del Estado y sus funcionarios y empleados, fueron sepultando el régimen del servicio civil bajo el peso de pactos colectivos de condiciones de trabajo, fraguados en secreto entre políticos oportunistas y líderes sindicales ávidos de poder.
Esto no ignora la existencia de funcionarios probos, técnicos comprometidos y profesionales que actúan con rigor y apego a la ley; pero ellos son la excepción que confirma la regla. A nivel sistémico, la administración pública meritocrática sigue siendo una asignatura pendiente.
Las consecuencias de esta carencia son tangibles y lacerantes. El ejemplo más claro es la parálisis en la infraestructura nacional. Obras estratégicas que debieron haberse concluido hace tres décadas continúan atrapadas en un bucle interminable de planes, estudios de factibilidad, licitaciones defectuosas o procesos judiciales. La incapacidad técnica y la vulnerabilidad institucional del aparato público impiden ejecutar con transparencia, velocidad y eficiencia los proyectos más básicos para la competitividad del país.
Sin un servicio civil profesional, transparente y protegido de la cooptación política, el desarrollo seguirá siendo una promesa difusa. Edificar una administración pública eficiente no es una pretensión burocrática; es el único camino para situar a Guatemala en la ruta del verdadero Estado moderno.
ESCRITO POR:
