No es que tengan la razón, es que tienen el poder. No es que la ley los ampare, es que los ampara el pacto de corruptos. No es un problema jurídico, es un problema de hondo calado político y de enormes consecuencias sociales. No es que quieran el bien para toda la población, es que están asegurando su propio futuro mientras hipotecan el nuestro. El atentado contra el orden constitucional guatemalteco que ha cometido un grupo de diputados, patrocinados por los eternos financistas del pacto de corruptos y apoyados por sus operadores en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es la evidencia más clara de la prevalencia de mafias en las entrañas del Estado.

En un Estado mafioso y secuestrado, la única lealtad posible es hacia el dinero, donde quiera que el dinero esté. Este tipo de Estado se reproduce y subsiste, gracias a la lealtad de sus operadores políticos en el poder, de sus cancerberos en el Ejército y de sus financistas en la histórica construcción estratégica de la agenda estatal. Su terminación implicaría el inicio de la asfixia del pacto de corruptos, incluidas todas sus huestes y todos sus privilegios. Por eso la decencia no la tiene fácil y por eso es que los pactantes de la corrupción se han vuelto descarados y agresivos en su intento de sostener el statu quo.

Hoy, la pandemia y la corrupción tienen nombres y apellidos, porque a ambas las tenemos cada vez más cerca. Pero ¿de qué se trata toda esta crisis institucional? Primero, hay que decir que este enredo no es de generación espontánea; es estructural y cumple una ruta estratégica muy bien trazada. Pero inicio por lo más reciente: el 24 de febrero el Ministerio Público (MP) impugnó la elección de Cortes ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por vicios en el proceso. El 6 de mayo, la CC ampara al MP y le ordena al Congreso elegir magistrados honorables e idóneos. El 26 de junio, los magistrados suplentes de la CSJ, entre ellos varios con cuestionamientos y señalamientos del MP, tramitan antejuicio contra la CC por supuestamente extralimitarse en sus funciones. Al día siguiente, y basados en el artículo 167, la CC resuelve que sus magistrados no pueden ser perseguidos por sus resoluciones. El 28 de junio, el Congreso desobedece el fallo y denuncia a magistrados de la CC, mientras la presidenta de la CSJ objeta la resolución de la CC. Ese mismo día, la CC pide al Congreso que entregue el expediente original de antejuicio contra los magistrados de la CC, pero al día siguiente el Congreso incumple de nuevo la orden del máximo tribunal. El 30 de junio, la CC ordena que se certifique lo conducente, ante el desacato de la Comisión Permanente del Congreso, que se ha adjudicado la representación de todos los miembros de ese organismo.

Ahora le toca actuar al MP y desenredar este entuerto, así como investigar si esa Comisión Permanente ha cometido delito o no. Política y jurídicamente, el MP tiene en sus manos una enorme responsabilidad histórica, aunque el silencio inicial y lo tibio de su reciente comunicado, parecen estar lanzando ya un mensaje a la población. Confío equivocarme, porque hay rumores de que el pacto de corruptos esperará a una nueva CC, que les dé vía libre para elegir sin obstáculos a sus leales y obedientes magistrados que integrarían la nueva CSJ y salas de Apelaciones. Con ello, se asegurarían más impunidad, ya que quienes enfrentan procesos graves ante la justicia, como Gustavo Alejos y otros de ese tamaño, podrían ser liberados. Hay mucho en juego.

Esto es estructural, viene de un Estado sin justicia, con las entrañas podridas y el crimen organizado enraizado. No es “personal” contra la CC actual, sino un gesto más de la irrestricta lealtad que, históricamente, han practicado todas las mafias.