Punto de encuentro
La “percepción” de la criminalización del MP
Obviamente los datos no se consignan en la encuesta de “satisfacción” de los usuarios del MP.
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En una citación que el diputado José Chic hizo a personeros del Ministerio Público (MP) la semana pasada, se habló sobre el uso indebido del derecho penal que la Fiscalía hace en contra de líderes sociales y comunitarios, profesores y estudiantes universitarios, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, exoperadores de justicia y extrabajadores de la desaparecida Cicig.
Durante el intercambio, el secretario general del MP dijo que esa era una “percepción” y que las “encuestas” que responden los usuarios dicen lo contrario. Para abonar al tema, me permito en esta columna compartir algunos datos e informaciones sobre la manera en que opera la Fiscalía General desde que asumió su dirección María Consuelo Porras Argueta.
En los párrafos 14 y 15 del informe de Observaciones Preliminares de la visita in loco a Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se lee: “En los últimos siete años, la CIDH ha constatado un progresivo deterioro del Estado de derecho y la institucionalidad democrática en Guatemala, entre otros factores, debido a la instrumentalización del sistema penal en contra de quienes han formado parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad (…). La CIDH entiende que la criminalización consiste en el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar en sus labores legítimas a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, personas operadoras de justicia independientes; o bien, para perseguir, intimidar y castigar a quienes ejercen legítimamente los derechos que hacen parte del espacio cívico y democrático…”.
En la misma línea, la relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, quien visitó Guatemala entre el 12 y el 23 de mayo, expresó su preocupación por la criminalización en contra de “quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder”. Para que no quedaran dudas, la relatora indicó: “La criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables que involucran al Ministerio Público, a miembros del poder judicial y a menudo a ciertos actores privados”. (AP, 23/5/25)
La persecución indebida ha derivado en el exilio de al menos 40 exfiscales y exjueces/juezas y 24 periodistas.
También en la página 49 del informe “¿Eficacia o Impunidad? El desempeño del MP durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025” hay un gráfico que muestra cómo las denuncias de la actual Fiscalía en contra de exoperadores de justicia, destacados por su lucha anticorrupción o por llevar adelante causas por graves violaciones a los derechos humanos, corresponden a su accionar en estas investigaciones. Sesenta y seis de las denuncias presentadas por el MP de Porras Argueta son “casos espejo” en represalia por llevar ante los tribunales a integrantes de estructuras y redes de corrupción.
Esta persecución ha derivado en el exilio de al menos 40 exfiscales, exjueces y juezas y en el encarcelamiento arbitrario de nueve fiscales que han pasado largos períodos en prisión como Virginia Laparra y Stuardo Campo, que permanece preso en Mariscal Zavala.
Los casos abiertos en contra del periodista Jose Rubén Zamora son un claro ejemplo de cómo la prisión preventiva que sufre desde hace tres años es un castigo anticipado por las publicaciones sobre actos de corrupción de la dupla Alejandro Giammattei-Miguel Martínez.
Además, abogados defensores han documentado patrones similares en todos los casos de criminalización como: uso de tipos penales abiertos o ambiguos, designación de jueces ad hoc, violaciones al derecho de defensa y ataques y amenazas en las redes sociales, que obviamente no se consignan en la encuesta de “satisfacción” de los usuarios del MP.
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