Estados Unidos
Al grano
La polarización a la chapina
El pasado reciente de Guatemala es una carga pesada, pero no debe ser un lastre fatal. Se puede remontar.
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Las opiniones no se forman en un vacío, sino dentro del marco de un conjunto de circunstancias más o menos complejo. Tampoco se forman en mentes neutras, transparentes o indiferentes. Así, tanto las circunstancias como las ideologías inciden en nuestras opiniones y en ese sentido quizá no sea equivocado afirmar que es posible que ciertas opiniones convergentes entre dos o más personas que se han criado y viven en sociedades diferentes, partan de premisas diversas y discurran por cauces distintos.
Aunque no surja espontáneamente la confianza entre opositores, pueden negociarse garantías.
Por eso creo que ciertas circunstancias propias de la historia de Guatemala y cómo se han ido formando las ideologías aquí explican mucho de nuestro estilo de polarización de opiniones. Un estilo caracterizado, según me parece, por la desconfianza. No se agota en un desacuerdo radical sino penetra en juicios severos sobre las intenciones del contrario. Sobre sus malas intenciones.
Si uno imaginara, por ejemplo, que el paso del régimen ubiquista al de la Revolución de 1944 no hubiese tenido para la sociedad guatemalteca un talante revolucionario y si, además, la vuelta al conservadurismo no hubiese sido consecuencia de un movimiento armado con el apoyo de los Estados Unidos, sino, digamos, fruto de un proceso político accidentado, de ánimos caldeados y agresividad entre rivales partidarios, pero pacífico, es bastante probable que en la actualidad las opiniones de liberales, conservadores, socialdemócratas y socialistas sobre diversos temas de la vida nacional, no fueran tenidas por el contrario no sólo como inválidas sino mal intencionadas.
Veamos el tema de la organización, gobierno y prestación de la justicia, por ejemplo. Para ciertos sectores de las izquierdas una buena reforma constitucional de las instituciones de justicia significa algo así como impedir que puedan ser cooptadas por sus opositores. Desde esa perspectiva, entonces, una reforma que sacara a las facultades de derecho de las universidades privadas de las comisiones de postulación, pero dejara a la Universidad de San Carlos, sería un paso en la dirección correcta. La opinión sobre este tema en algunos sectores de las derechas es al revés, es decir, que nada tiene que hacer la Universidad de San Carlos postulando magistrados.
Así pues, esas opiniones se fijan en que la justicia no esté en manos del otro bando, sino en las del propio. Haciendo una generalización burda, cada bando ideológico opina que el problema de la justicia es la injerencia del otro bando en el sistema y cualquier propuesta que pudiera provenir del contrario necesariamente ha de entenderse como un intento para manipular más la justicia.
Pero las circunstancias del pasado no pueden cambiarse y uno no muda de ideología como de zapatos. ¿Estamos, entonces, atrapados? Depende. Si las opiniones de quienes integran los principales sectores partidarios y los grupos de interés siguieran creyendo que, por ahora, es una ingenuidad confiar en los otros partidos o bandos y que ellos no persiguen otras cosas que no sean venganzas, revanchas o mayor control, seguiremos atrapados.
No creo que esa confianza vaya a surgir espontáneamente, pero sí existen mecanismos para reducir los riesgos. Por ejemplo, para cada tema (no sólo la justicia debe reformarse) pueden integrarse comisiones técnicas acompañadas de expertos de renombre internacional propuestos en igual número por cada uno de los actores principales y las reformas pueden aprobarse para iniciar su vigencia en un período presidencial posterior, de modo que se desvanezcan las sensibilidades electorales del momento. En fin, no es fácil, pero tampoco imposible.
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