Durante los últimos días, algunos diarios han informado del mal estado en que se encuentran cientos de escuelas públicas a lo largo y ancho del territorio nacional. Se suman a este cuadro el desabastecimiento de algunos hospitales principales del país y de centros de salud públicos y, en cuanto a la lucha contra la pandemia del covid-19, se nos ha advertido del riesgo de que se pierdan millones de vacunas por falta de infraestructuras de refrigeración. Muchas de las carreteras principales del país están en malas condiciones y las administraciones públicas encargadas de la seguridad ciudadana tampoco consiguen que la delincuencia ceda; las estadísticas, en general, muestran un entorno expuesto a numerosos riesgos en esta dimensión de la vida social.

Paralelamente a las ruinosas condiciones físicas de las infraestructuras de la educación y de la salud públicas, al igual que de las carreteras del país, los efectos en la vida de millones de guatemaltecos de todo ello son graves. Los resultados sobre el rendimiento académico de los estudiantes escolares son catastróficos y las estadísticas sobre la salud de la población presentan un deterioro paulatino en algunos indicadores básicos. Quienes transitan por las carreteras y caminos del país enfrentan, diariamente, el riesgo de accidentes, no pocas veces mortales, y complejos problemas de falta de seguridad.

Una buena parte de ese panorama de la vida nacional se debe a la estructura jurídica e institucional de todo el sistema de justicia. En efecto, los funcionarios responsables de las administraciones públicas del Estado deben responder a los ciudadanos de maneras diferentes. Por un lado, a un nivel político, deben enfrentar las críticas de los parlamentarios –principalmente de oposición—, por medio de procedimientos como la interpelación, que, si bien en condiciones extremas, puede dar lugar a la emisión de un voto de confianza.

Pero, además, están la responsabilidad administrativa/financiera y la civil y penal. El incumplimiento de las atribuciones administrativas o financieras que le corresponde descargar a un funcionario público da lugar a sanciones de índole administrativa, reguladas en el régimen del Servicio Civil. Cuando las normas sancionatorias se inaplican por los funcionarios que son responsables de exigir esas cuentas, se produce una infracción legal que, dependiendo de las circunstancias, pudiera llegar a ser hasta de índole penal. Si, además, esos incumplimientos causaran daños y perjuicios a cualquier persona, los funcionarios que los hubieran causado están sujetos, también, a la responsabilidad civil de indemnizarlos.

Suena muy bien, pero ¿qué ocurre cuando los jueces o tribunales competentes para hacer valer una sanción administrativa, financiera, civil o penal fallan? ¿Qué ocurre cuando, una y otra vez, un funcionario que haya incumplido con sus obligaciones derivadas de sus atribuciones legales queda impune? ¿Qué ocurre cuando, una y otra vez, las personas damnificadas por esos incumplimientos tienen que tragarse sus pérdidas?

La respuesta a esas cuestiones es compleja; sin embargo, cuando ese tipo de fallas institucionales van convirtiéndose en la regla y no en la excepción, fenómenos tales como la corrupción, la delincuencia y los abusos de poder terminan por describir la vida política del Estado.

Creo que Guatemala está en esa situación y que una de las reformas más urgentes para empezar a salir de ella es la reforma constitucional del sistema de justicia. Y, en ese sentido, el objetivo debe ser estatuir la independencia judicial, la de los fiscales y la de los defensores públicos. Quizás dicha reforma no sea suficiente para resolverlo todo, pero sí indispensable.