Estados Unidos
Al grano
La Usac, problema estructural
La crisis de la Usac no es sólo de la universidad, es un problema nacional. Su naturaleza es estructural.
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La ya prolongada crisis institucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala no debería leerse como un problema encerrado entre muros universitarios. Tampoco como una pugna más entre grupos internos que aspiran a gestionar el 5% del presupuesto ordinario del Estado y la enorme influencia en cargos públicos que tiene el Consejo Superior Universitario. La Usac es la única universidad pública del país, la más grande y antigua, y su gobierno involucra, además de autoridades académicas, representantes estudiantiles, docentes, decanos y colegios profesionales. Lo que ocurre ahí tiene efectos fuera de ahí.
Lo que pasa en la Usac afecta a todos los que demandan “capital humano”. Es decir: a todos.
Ese es el punto central. La discusión sobre la Usac no puede agotarse en quién ocupa la rectoría, qué facción controla el Consejo Superior Universitario o qué expediente judicial esté de turno. Todo eso importa, por supuesto. Pero importa más entender que una universidad de ese tamaño funciona como una pieza estructural del sistema educativo, profesional y productivo del país.
En educación, el efecto es evidente. Muchos de quienes enseñan a futuros maestros, profesores y directores de centros educativos han pasado por la Usac o dependen de redes académicas vinculadas a ella. Si baja la exigencia, si se deterioran los procesos, si se normaliza la mediocridad o la captura institucional, el golpe no se queda en las aulas universitarias. Baja de nivel. Se traslada a las escuelas, a los institutos, a los profesorados y a la formación de nuevas generaciones.
La educación tiene algo de cadena. Quien forma mal a un educador no afecta solo a ese estudiante. Afecta a todos los estudiantes que ese educador tendrá después. Por eso, una crisis prolongada en la universidad pública termina produciendo una derrama negativa: menos rigor, menos destrezas, menos criterio profesional y menos capacidad de enseñar bien.
Lo mismo ocurre con las profesiones. La Usac forma una porción significativa de abogados, médicos, ingenieros, auditores, arquitectos, economistas, docentes y otros profesionales que luego trabajan en empresas, municipalidades, hospitales, tribunales, ministerios y entidades autónomas. Si la formación se debilita, el país no pierde solo prestigio académico. Pierde capacidad instalada.
Además, los colegios profesionales no son observadores externos. Por diseño constitucional y legal participan en la vida universitaria. Esa relación vuelve más delicado el problema: una universidad capturada o degradada puede contaminar la calidad del ejercicio profesional, y gremios complacientes o políticamente alineados pueden devolverle a la universidad los mismos vicios que deberían ayudar a corregir.
También hay un efecto sobre las universidades privadas. La Usac, por su tamaño, historia y cobertura, fija buena parte del listón. No porque sea siempre la mejor en todo, sino porque su peso establece una referencia de calidad media. Si ese listón baja, las demás instituciones pueden competir contra un estándar menor. Y cuando el estándar general baja, el mercado educativo se adapta: menos exigencia puede volverse suficiente.
Por eso la crisis de la Usac debe preocuparle también a quien nunca estudió ahí. Debe importarle al empresario que necesita talento, al paciente que espera un buen diagnóstico, al ciudadano que requiere justicia, al padre de familia que manda a sus hijos a la escuela y al Estado que necesita funcionarios capaces.
La universidad pública no es una isla. Es una fuente de capital humano, de legitimidad profesional y de movilidad social. Si esa fuente se deteriora, el costo lo paga el país entero. La pregunta, entonces, no es si la crisis de la Usac afecta a Guatemala. La pregunta es cuánto daño acumulado puede seguir absorbiendo la sociedad y el Estado antes de admitir que el problema ya es estructural.
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