Criterio urbano
Ley de cine dependerá de los boletos aéreos
No necesitamos un instituto de cine, lo que se necesitan son incentivos
La iniciativa 5906, Ley de Cine, fue aprobada en segundo debate la semana pasada. La iniciativa tiene puntos positivos como fomentar y desarrollar progresiva, armónica y equitativamente la cinematografía nacional y la industria audiovisual. Esto es algo que muchos países de América Latina, como México, Colombia o República Dominicana, han hecho para promover la industria cinematográfica y de audiovisuales.
La ley crea el Consejo Nacional de Cinematografía, compuesto por tres representantes del sector público y dos representantes del sector privado. Acá es donde la iniciativa se vuelve interesante porque casualmente, ninguno de los que tradicionalmente se oponen al “corporativismo” han mencionado nada de este consejo o de su integración.
Según el dictamen que fue aprobado en segundo debate, estaría compuesto por el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores (titulares y suplentes) y luego un representante titular y un suplente de los productores de cine, elegidos entre las instituciones legalmente constituidas (algo que va a fomentar más organizaciones) y un representante y suplente de los agentes de la industria cinematográfica, elegidos entre las organizaciones legalmente constituidas, exceptuando las de productores y el sector académico.
Desde mi perspectiva, estoy de acuerdo con los consejos directivos público-privados, creo que dan balance a las decisiones y es una buena práctica de cualquier sistema republicano, donde personas que no necesariamente quieren participar en política partidista, puedan hacerlo desde la política gremial, en la cual son expertos o tienen más capacidades, generando además una memoria histórica institucional, por los constantes cambios y la rotación en el sector público.
¿Habrán visto las líneas aéreas y los rectores de turismo esta ley?
La ley crea el Instituto Guatemalteco de Cine, como entidad adscrita al Ministerio de Cultura y Deportes, la cual pareciera ser una institución descentralizada, aunque los legisladores aprobaron en segundo debate la ley sin los 107 votos requeridos, por lo que a lo mejor piensan que pueda ser una institución desconcentrada.
Dicho esto, creo que lo que debería tener una discusión más pública es el financiamiento del Instituto Guatemalteco de Cine que crea la ley, especialmente el artículo 32, del Objeto de la Contribución, que establece una contribución específica destinada al financiamiento del instituto, la cual será recaudada mediante el cobro de un dólar estadounidense (US$1) por cada boleto aéreo vendido a un extranjero que tenga como destino el territorio guatemalteco (estarán exentos los extranjeros que ingresen al país en calidad de diplomáticos, funcionarios de organismos internacionales o en virtud de tratados internacionales que lo establezcan). ¿Queremos que un instituto de cine dependa de los boletos aéreos cobrados a extranjeros? ¿Es necesario un instituto de cine con esa cantidad de recursos?
La ley, en vez de generar incentivos tributarios a la actividad directamente, lo hace a través de dicho fondo, que depende directamente de los boletos aéreos de personas extranjeras. Acá es donde la ley se desvía de las buenas prácticas internacionales como las de República Dominicana, por ejemplo, que ofrece deducciones 100% del capital invertido en largometrajes nacionales aprobados, con un límite del 25% del impuesto sobre la renta a pagar. La ley necesita más discusión y preguntarnos si realmente queremos que de los boletos a extranjeros se pague un instituto con dietas y un nuevo fondo.