Estados Unidos
Pluma invitada
Licitación PEG-6: el riesgo que el contrato aún no define
Para preparar la oferta solo valen las respuestas de la Junta de Licitación y las adendas.
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El 5 de octubre, la CNEE aprobó, mediante resolución CNEE-344-2026, las bases de la licitación PEG-6, con la cual las distribuidoras buscan contratar hasta 600 megavatios de potencia y energía firmes a partir del 1 de mayo de 2032, por plazos de contratación de hasta 15 años. De ese total, 450 megavatios deben provenir de plantas nuevas, que solo podrán ser de geotermia y gas natural, y 150 de plantas ya en operación comercial. La conversación pública se ha centrado en esas cifras y poco en el contrato que firmará quien resulte adjudicado, que decidirá si habrá suficientes ofertas para llegar a 2032 con la energía contratada.
La conversación pública se ha centrado en esas cifras y poco en el contrato que firmará quien resulte adjudicado.
Una planta nueva de geotermia o de gas tarda años en construirse y financiarse, y quien la financia lee el contrato antes de comprometer su capital. Por eso el factor decisivo es cuánto riesgo reparte el contrato entre quien construye y quien compra, y en la PEG-6 ese riesgo recae en buena medida sobre el Adjudicado.
Las bases exigen una garantía de sostenimiento de US$30,000 por megavatio ofrecido, conforme al numeral 4.4. La garantía preoperativa y las penalidades por atraso, de US$7,500 por megavatio al mes durante los primeros seis meses y de US$15,000 del séptimo al duodécimo, con facultad de la Distribuidora para terminar el contrato al cabo de un año, provienen en lo esencial de la PEG-5. Lo nuevo está en la redacción de la cláusula 6.9, según la cual las penalidades se generan hasta el inicio efectivo del suministro, sin aclarar qué ocurre si la planta ya está lista y la Distribuidora fija una fecha de inicio posterior.
Hay, además, un punto que toca al usuario final. En las causales de terminación vinculadas con la etapa preoperativa, la cláusula 11.2 dispone que el Adjudicado pague una penalización equivalente a 12 meses de Potencia Garantizada por el Precio de la Potencia y que “dicho monto será trasladado a tarifa”, lo que, en principio, favorecería al usuario. Lo que pesa para él es el suministro faltante, que se cubrirá con licitaciones de potencia del año estacional correspondiente: si el precio de reposición resulta mayor que el contratado, la diferencia no la cubre una penalización calculada sobre el precio original, y el texto no dice qué ocurre una vez concluido ese año. Conviene que la Junta de Licitación lo aclare antes de la adjudicación.
A ello se suma la prohibición del literal d del numeral 3.5, que excluye a los oferentes, sus filiales o entidades relacionadas que hayan incumplido algún contrato adjudicado en licitaciones abiertas anteriores de las distribuidoras, sin definir qué constituye un incumplimiento y como requisito no subsanable conforme al numeral 5.2.3, literal d. Aplicada de manera amplia, y sumada a las garantías y a un patrimonio neto exigido de US$35 millones para cien megavatios, puede reducir el número de ofertas, y con menos ofertas disminuye la presión sobre un precio que finalmente se refleja en la tarifa.
El numeral 2.2 permite presentar solicitudes de aclaración por escrito, y para preparar la oferta solo valen las respuestas de la Junta de Licitación y las adendas. Al firmar el contrato, conforme a la cláusula 6.7, el Adjudicado confirma que revisó las Bases y no puede reclamar incrementos por omisiones de esa revisión, de modo que lo no aclarado antes de ofertar recaerá sobre él.
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