Cuando se regresa de un viaje, Guatemala siempre lo espera a uno con nuevos motivos de desesperanza, estupor, indignación. Esta vez no fue distinto. Esto obliga a pensar en el riesgo para el país escondido en los escasos 61 días faltantes para el fin de este gobierno y del período del Congreso, cuyos integrantes están dispuestos a hacer todo el daño posible. La ingrata —por decir lo mínimo— decisión de salvarle el pellejo a prácticamente todos los corruptos es un monumento al retroceso más abyecto. Gracias a lo decidido en la ley de reducción de penas, se benefician los corruptos, los lavadores de dinero y los culpables de delitos electorales, así como peculado, cohecho, lavado de dinero, malversación, y de nuevo hay una sangrienta burla a la ley y su espíritu.

La jugada será ahora lograr sentencias menores a cinco años, para poder conmutarlas, con toda seguridad, por multas irrisorias. Ahora afirman haberse basado en una propuesta planteada por la Cicig, sin mencionar los cambios introducidos por ellos mismos, y dar además el beneficio a quienes aún no han sido capturados. Y dan atol con el dedo al listar los delitos no incluidos, como los tipificados en la ley contra la narcoactividad, aunque sí es correcto retirar ese beneficio a quienes han atentado contra el orden constitucional, la seguridad del Estado, el terrorismo, y cometido femicidio, violación o extorsión. Sin embargo, los objetivos reales son los ya señalados al principio. Es una trampa para luego acusar de viles a quienes se opongan.

Los apadrinantes integran una escoria cuyo lugar histórico será compartido por los peores causantes de deshonor a Guatemala. Es una ley cuya erogación es un imperativo moral para el siguiente gobierno y el congreso electos en los cuestionables comicios. Son fácilmente explicables los amparos ya presentados contra esas reformas, cuyo contenido no fue presentado a la totalidad de los parlamentarios. Por ello se justifican los señalamientos de ver en esa disposición una dedicatoria muy evidente para liberar a determinadas personas. Ciertamente, en Estados Unidos este sistema es eficiente, pero tiene condicionantes, sobre todo exigirles a quienes las reciben delatar a otras personas relacionadas con los delitos de sentencias reducidas.

Otra novedad fue la compra por Q93 millones, realizada en las sombras, pero calificada como “de total transparencia” en la propaganda oficial, de una pequeña embarcación construida con la colaboración de Colombia. Se le señalan portento para ayuda humanitaria, y enfrentarse al narcotráfico. Esto último mueve a sonrisas, en vista de la inconmensurable fuerza económica de los traficantes de drogas, y también porque por aguas guatemaltecas pasan cantidades exorbitantes de estupefacientes consumidos por la enorme cantidad de drogadictos estadounidenses. Jimmy Morales afirma haber logrado confiscar casi 60 mil kilos de cocaína, pero eso es mínimo al compararlo con las 1,400 toneladas métricas trasegadas en Guatemala. Y el presupuesto militar para la defensa de aguas territoriales fue reducido en 155 millones de quetzales.

Guatemala cumplió un mes de la actual crisis en el Organismo Judicial. El Consejo de la Carrera Judicial planteó evaluaciones cuyo cronograma puede tomar dos años, más los amparos. Bien se ha señalado: la rapidez no comulga con la calidad, aunque sea urgente para evitar las consecuencias nacionales e internacionales de no existir confianza —por ejemplo en inversionistas— en el sistema jurídico nacional. A mi juicio, es innecesario e innecesariamente repetitivo señalar los inconvenientes de estos yerros o malas intenciones. A las puertas de un nuevo gobierno, sus manos quedan atadas para atraer fondos necesarios para ayudar al desarrollo del país, condenado a permanecer más tiempo en el pantano de la incertidumbre, del hartazgo y de la duda.