¿Habrá algo que celebrar al cumplirse 200 años de la independencia de Guatemala? Tendríamos que ser muy masoquistas para creernos el cuento de que somos libres a partir de una gesta que no fue más que un pacto de élites para que todo siguiera igual. La historia registra que los criollos querían un cambio para concentrar el poder que les permitiera continuar con las políticas de expoliación contra los pueblos indígenas. El acta de independencia fue el documento que certificó el traspaso del monopolio político de la corona española a los criollos. Aprovecharon el período de inestabilidad y debilidad política que atravesaba España con el trienio constitucional (1820-1823), que significó una dura pugna entre la monarquía y el liberalismo.

El sentimiento de emancipación de las élites locales se había comenzado a gestar muchos años antes. Martínez Peláez refiere que en la Recordación Florida (1690), escrita por Fuentes y Guzmán, ya se percibían atisbos de esa patria de los criollos, forjada en sus ideales conservadores y en la que pretendían defender su patrimonio. Ellos tenían en mente dos tipos de España: la primera era la gloriosa que había conquistado extensas tierras, el orgullo de la sangre y los valores ibéricos. La segunda era la España mezquina que los minusvaloraba y saqueaba sus riquezas. Los criollos se preguntaban ¿por qué debían compartir su fortuna con esa potencia de ultramar que no invertía nada y en cambio se llevaba a manos llenas lo mejor del Nuevo Mundo?

Pero esa nueva patria no estaba definida para todos los nacidos en estas tierras. Los pueblos indígenas no se incluían en esa aspiración. El indio no era compañero de viaje de los ideales libertarios, sino solo parte del patrimonio de los criollos, junto con las tierras despojadas, caballos y demás enseres. El acta de independencia fue redactada, paradójicamente, en papel sellado de la corona española y en ella se consignaba su objetivo: “prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. A partir del 15 de septiembre de 1821 se selló un nuevo período de masacres, despojos de tierra, discriminación e imposiciones de todo tipo para construir la patria de los criollos, la cual continúa hasta la actualidad.

Por eso, la decisión del presidente Alejandro Giammattei de inaugurar, el 27 de febrero pasado, los actos conmemorativos en Iximché fue más que un insulto para los pueblos indígenas. Primero, porque se hizo en forma inconsulta de las autoridades ancestrales y, segundo, porque es un lugar sagrado maya que no puede utilizarse para glorificar un movimiento político que determinó un mayor sufrimiento para los pueblos originarios. En esta celebración patriotera, el gobierno va a dilapidar 78.6 millones de quetzales que estarían mejor invertidos en servicios de salud o educación y no en actos pueblerinos que se esfumarán como los juegos pirotécnicos.

Ya el Ministerio de Cultura dio muestras de que esos fondos servirán para alimentar los bolsillos de los más vivos. Un ejemplo fue el intento de pagar 1.3 millones de quetzales por una pintura a un artista sin mayor trayectoria, lo cual constituía un acto de corrupción descarada. La adjudicación fue a dedo, sin que mediara un concurso y sin siquiera conocerse la propuesta artística que plasmaría la efeméride independentista. Afortunadamente el caso se viralizó en las redes sociales y el Ministerio tuvo que dar marcha atrás, como lo había hecho antes con el intento de introducirle modificaciones al himno nacional. Sin una perspectiva crítica y sin cambios para procurar una mejor calidad de vida a los guatemaltecos, cualquier festejo para celebrar un pacto de élites no es más que tirar el dinero al bote de la basura en actos intrascendentes.