Guatemala está en una crisis profunda. No es que sea nueva, es histórica y cíclica. La diferencia es que tras la recuperación de la democracia y la firma de los Acuerdos de Paz hubo siempre algunos bolsones de oxígeno que se activaron abriendo cierta posibilidad de maniobra, aunque fuera mínima. Y ahora esto se ve lejano.

En 1993, la actuación de una Corte de Constitucionalidad independiente impidió que se concretara el autogolpe de Serrano Elías. En 2007, el asesinato de los diputados salvadoreños y su piloto y la posterior ejecución extrajudicial de los policías implicados en el hecho, obligaron al gobierno de Oscar Berger a aceptar que una comisión internacional —la Cicig— se instalara en Guatemala.

Habían pasado años desde que las organizaciones de derechos humanos plantearon esta idea para hacerle frente a los cuerpos ilegales enquistados dentro del Estado. Pero parecían no importar las decenas de ejecuciones sumarias de jóvenes de barrios populares, los violentos desalojos de comunidades campesinas donde hubo muertos y violencia sexual —como en la finca Nueva Linda— o los asesinatos, allanamientos y ataques contra líderes sociales y activistas por parte de agentes estatales.

Todo esto se fue acumulando hasta que llegó la gota que rebalsó el vaso —el caso Parlacen— y a la élite económica y al gobierno —que en ese momento eran lo mismo— no les quedó otro remedio que aceptar a regañadientes a la Cicig.

En 2015, cuando el MP y la comisión desvelaron que la cúpula del gobierno del PP —un CIACS convertido en partido político— estaba implicada en casos de grave corrupción, la permanencia de la Cicig se vio comprometida. Fue la marea ciudadana la que jugó un papel clave y le dio un bolsón de oxígeno a su trabajo. Y fueron las y los investigadores, fiscales, jueces, juezas y magistrados independientes quienes garantizaron que los casos avanzaran.

De todo esto tomaron nota las élites corruptas y criminales y a partir de ahí delinearon su estrategia. Primero cumplieron el objetivo de deshacerse de la Cicig y retomar el control del MP a través de María Consuelo Porras Argueta, la fiscal de la impunidad. Habiéndose asegurado la fidelidad de las altas cortes, siguieron trabajando en dos vías: i) clausurar los procesos judiciales, cerrar las investigaciones y sobreseer los casos; y ii) perseguir, obligar al exilio forzado y/o encarcelar a investigadores, abogados, fiscales, jueces y juezas, líderes sociales, activistas y periodistas independientes que se interpongan en su camino.

Los hallazgos de los reportajes de El Faro y CNN dejan claras las 20 millones de razones por las que Giammattei y Porras Argueta removieron al fiscal Juan Francisco Sandoval, desmantelaron la Feci y están cerrando el cerco contra la jueza Erika Aifán.

Se trata de una venganza, sí, pero también de cerrar cualquier posibilidad de que las circunstancias actuales se reviertan. Es la táctica de la asfixia: producir una sensación de agobio tal, que inmovilice. Es la utilización de la fuerza de coerción del Estado para castigar, neutralizar cualquier disidencia y dar una lección ejemplificante.

Las capturas ilegales de Leily Santizo y Siomara Sosa, la negativa del juez de escucharlas en primera declaración para así mantenerlas en una prisión donde corren enorme peligro, las agresiones que sufrieron ambas dentro del juzgado y el hostigamiento por las redes son parte de la estrategia de criminalización pero también evidencian que está en marcha una operación de inteligencia para generar la sensación de terror e indefensión.

La pregunta es si a pesar de todo esto seremos capaces como ciudadanía de activar desde la unidad, la dignidad y la valentía un nuevo bolsón de oxígeno para evitar que el Pacto de Corruptos termine de asfixiar lo que nos va quedando de democracia.